27 de mayo de 2013. Comunicado Red Feminista por el Derecho a Decidir. En reunión mantenida el pasado día 9 de mayo, diversos grupos de los ámbitos asociativos feministas, sociales, sindicales y políticos, se constituyeron en la Red Feminista por el Derecho a Decidir con el fin de trasladar a la ciudadanía su preocupación ante el debate, tono y desprecio con el que el Sr. Ministro de Justicia y otros miembros del Gobierno del PP, así como los Grupos antielección y la cúpula de la Jerarquía Eclesiástica abordan los derechos sexuales y reproductivos y la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Si bien de momento no hay propuestas concretas, si se denota la calculada desinformación y el bagaje ideológico de quienes respaldan la anunciada reforma de la Ley del aborto. Ante esta iniciativa ultraconservadora derogar la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo supondría:
- Volver a considerar el aborto un DELITO, salvo supuestos aún más restringidos que la despenalización parcial de 1985, que hemos de recordar fue recurrida por Alianza Popular, ahora PP y que supuso problemas de seguridad jurídica para mujeres y profesionales sanitarios.
- Suprimir el supuesto de malformación fetal según dice, en cumplimiento de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que España suscribió en 2008. Esta convención también fue firmada por otros países como Países bajos, Alemania, Francia, Dinamarca y, sin embargo, disponen de leyes de plazos más amplias que la de España, como el caso de Holanda con ley de plazos hasta las 24 semanas. Pero es más, es que ello lo dicen el ministro y el gobierno que, al mismo tiempo hacen imposible la vida digna de muchas personas discapacitadas, con los recortes en la Ley de dependencia o negando el acceso a la salud de las personas indocumentadas.
- Exigir requisitos más duros para acceder al supuesto de riesgo para la salud física y psíquica de la madre, indicación a la que se acogían para abortar el 97% de las mujeres en la anterior regulación (1985-2010). Este supuesto supone para el Sr Gallardón una “excusa” mientras que es, para la Asociación de Psiquiatría Americana, una situación de grave estrés psicosocial, que puede llevar aparejadas patologías tales como ansiedad generalizada, trastorno mixto ansioso depresivo y depresión neurótica.
- Volver a regular la edad de consentimiento en 18 años, negando la posibilidad de que sean las jóvenes de entre 16-18 años, incluso en situaciones de riesgo, las que decidan en último término sobre algo personalísimo que afectará a su futuro, vulnerando con ello lo recogido en la Ley de Autonomía del Paciente.
La reforma anunciada supondrá un atentado contra los derechos sexuales reproductivos de las mujeres y contra su libertad como ciudadanas. El aborto voluntario es una opción, un derecho ante un embarazo no deseado, y debe ser garantizado en la red sanitaria pública al tiempo que debe garantizar la equidad de acceso para todas. La existencia de la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva, centrada en una educación en los derechos humanos de la mujeres, no aumenta o incita, como se quiere hacer creer, el número de interrupciones voluntarias de embarazo, si no que permite realizar las IVE de forma segura desde la sanidad pública.
Por todo ello, nos hemos sumado a las manifestaciones convocadas con el lema POR UNA MATERNIDAD LIBRE, POR UN ABORTO SEGURO y seguiremos programando acciones a lo largo de estos próximos meses.
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