Respecto al primer tema, Rosa Zafra explicó que cuando nos preguntamos sobre el significado de "feminización de la pobreza" tendemos a pensar en la situación de las mujeres en los países menos desarrollados económicamente, sin pararnos a analizar las situaciones en las que deben malvivir las mujeres que tenemos más cerca, la pobreza y la precariedad rigen la vida de nuestras vecinas, de mujeres de nuestras mismas ciudades y pueblos (ancianas, jóvenes, madres solteras, separadas....) de escasos recursos económicos y fuertes dificultades para acceder a un puesto de trabajo y por tanto a un salario. Cuando hablamos del reforzamiento del término aplicado a nuestro entorno más cercano, lo hacemos tras el análisis de las políticas económicas implementadas recientemente y sus efectos sobre las mujeres: recortes en las pensiones que afectan de forma muy especial a aquellas mujeres que reciben una pensión no contributiva, a aquellas otras que nunca han podido acceder al mundo laboral; incremento de los despidos en empresas privadas que afectan principalmente a mujeres jóvenes, embarazadas y/o con cargas familiares, no olvidemos que la pérdida de empleo ha sido hasta 40.000 personas más del sexo femenino, que la tasa de paro entre las mujeres es del 74,6 % frente a la de hombres del 25,4%, las que conservan sus empleos lo hacen a tiempo parcial (un 75% de mujeres); los recortes en las ayudas a la dependencia han afectado principalmente a mujeres que encontraron en los cuidados un modo de vida, es decir, un 93% de mujeres y un 70% de ellas recibieron prestación por esta labor; seguimos, porque entre las solicitantes de ayudas de emergencia o ingresos mínimos tras haber agotado las prestaciones o por no tener ningún ingreso, son mayoritariamente mujeres a las que se les niega no se les tramitan las solicitudes... Zafra afirmó que esto es suficientemente revelador de la tendencia a pauperizar a la población en general y a las mujeres en particular; esta tendencia constituye un grado de violencia social e institucional hacia mujeres que sufren la violencia directa en sus hogares o fuera de ellos y que se ve incrementada con los cierres de centros de atención a las mujeres, la reducción de las ayudas, etc. Este empobrecimiento ejercido hacia las mujeres es reflejo del empobrecimiento social al que somos sometidas todas las personas.
Por su parte, Joseandrés Guijarro hizo un recordatorio de la falsedad de las afirmaciones vertidas por políticos sobre el excesivo coste de la sanidad pública en España, la falta de dinero para servicios públicos o la mayor eficiencia de la gestión privada, que no son más que una sarta de mentiras usadas como excusa para el verdadero objetivo que no es otro que el que las grandes multinacionales, especialmente del sector constructor, sigan haciendo caja a costa del dinero público. Pero especialmente hizo hincapié en la situación de Cuenca donde auguraban que en breve se comunicará el reinicio de las obras del hospital, pero tal y como tiene previsto el Partido Popular, mediante un modelo de financiación privada como los hospitales construidos en Madrid en la última década que tan nefastos resultados han proporcionado tanto para las arcas públicas como para la atención sanitaria de los ciudadanos. Recordó que los continuos recortes sanitarios sufridos recibidos en nuestra región a base de despido de personal, cierre de plantas, supresión de servicios,… lejos de obedecer a un plan de ahorro y mejora de la eficiencia, responde únicamente al objetivo de reducir el tamaño y la categoría asistencial de nuestro hospital, único centro hospitalario en toda la provincia. A ese mismo objetivo responde la contundencia en la aplicación de una orden del gobierno socialista anterior de derivar toda la población de los pueblos periféricos, los más poblados de la provincia, hacia los hospitales comarcales de reciente construcción en la Mancha. Con esto el objetivo es reducir la categoría del hospital a un nivel de centro comarcal que aunque proporciona una peor calidad asistencial supone una mayor rentabilidad cuando se realiza una gestión privada centrada en los beneficios económicos. el motivo es que dichos beneficios se obtienen fundamental mediante la selección de pacientes o de patología o procesos, centrándose en procesos vistosos pero baratos y exentos de complicaciones como la cirugía endoscópica, cataratas, y otra cirugía ambulatoria, mientras que todos los procesos complicados, complejos o de mayor coste, así como los enfermos “no rentables”, especialmente ancianos, crónicos, enfermos reumatológicos, etc sean derivados a hospitales de referencia, como el de Albacete, que seguirán siendo de gestión pública.
Durante el coloquio, Guijarro insistió en la necesidad de la ciudadanía de no dejarse engañar con los actuales recortes y deterioro de la calidad como principal problema, porque estos no son más que el pretexto para que, una vez deteriorada y desprestigiada la calidad asistencial del sistema público actual se vea con buenos ojos la construcción de un nuevo hospital sin importar quien sea el financiador y gestor. Una estrategia perfectamente planificada desde el Partido Popular y apoyada por el PSOE para quien la construcción de un nuevo hospital es el principal objetivo, independientemente de su modelo de financiación y gestión, como repetidas veces ha manifestado nuestro alcalde. Quizá más preocupado por los intereses urbanísticos en torno a los terrenos del nuevo hospital que llevaron a esa bochornosa pelea por el lugar de ubicación del centro y que demoraron duarante años el inicio de las obras. El hecho de que la calidad asistencial se deteriore a límites que muchos ni se imaginan y se hipoteque ese sistema por varias décadas no se tienen en cuenta por quienes solo piensan en los votos que puede conseguir un hermoso hall nuevo de mármol y cristales (aun cuando se cruce en muchas ocasiones para ser montado en una ambulancia y derivado a Albacete) y en los magníficos negocios de amiguetes que siguen soñando con la corrupción de la burbuja inmobilaria de tiempos pasados.
Por último, Óscar Contreras expuso que el agua es indispensable para la vida, y por tanto un bien de primera necesidad que no ha escapado a la “lógica” capitalista: máximo beneficio en el menor tiempo posible y con mínimo coste. A través del estado, el agua, un bien común autogestionado para satisfacer nuestras necesidades, pasó a ser denominado como “público”, y por tanto gestionado por una cantidad mínima de personas que nos imponen sus criterios (con intereses opuestos, por conformar una élite dirigente privilegiada, a los nuestros, las personas gobernadas). En este proceso es clave el desarrollo de las grandes ciudades, el abastecimiento hasta grandes industrias y casas, siendo decisivo la penalización de precios en función del consumo, y el desarrollo de una agricultura que especulará con la hambruna de millones de personas.
El segundo paso, con la colaboración y connivencia de gobiernos e instituciones financieras (FMI, BM, OMC), fue ceder (quizás regalar fuera más preciso) la explotación de este negocio a las empresas privadas. Bajo la clásica argumentación a favor de las privatizaciones (la competencia entre empresas facilita la mejora del servicio y la disminución de los precios) entraron unas cuantas empresas (que pronto se erigirían como monstruos colosales en forma de multinacionales, monopolizando el negocio y eliminando cualquier tipo de competencia a lo largo del mundo). Basta ver unos cuantos ejemplos para comprobar las devastadoras consecuencias para las personas: se disparan los precios (ya sabemos del ánimo de lucro de las empresas), la calidad del agua empeora hasta poder resultar perjudicial para la salud (si ahorras en mantenimiento tus beneficios aumentan), personas que no pueden hacer frente al pago del recibo (desempleadas y precarias, por ejemplo) en situación de exclusión social, al no poder acceder a un bien de primera necesidad, etc. Desde Thatcher hasta nuestros días estas transnacionales han recorrido el globo, con el apoyo de las instituciones, usurpando el agua de todas. Pero no ha sido del todo un camino sencillo, pues muchísimas gentes de distintos lugares han plantado cara y han luchado unidas. Debido al rechazo instintivo que las privatizaciones provocan en muchas personas, las grandes fortunas trazaron nuevas estrategias, plasmadas en tratados como el de Maastricht de 1992, para hacerse con los recursos públicos, de una forma que podríamos denominar “privatización gradual”.
En este marco, nos encontramos ante la realidad del cambio de gestión del Ciclo Integral del Agua de Cuenca, que nos ha sido impuesto por el Ayuntamiento. Lo curioso es que, como el mismo equipo de gobierno reconoce, este cambio se debe únicamente al proceso de deuda que arrastramos, que es calificado como insostenible por el mismísimo alcalde. De los aproximadamente 65 millones de euros que se reconocen como deuda, cabe destacar que tenemos que pagar 8 millones por la magnífica ocurrencia que supone el “Bosque de Acero” o los 5 millones de los edificios para la patronal, CCOO y UGT, entre toda la locura que ha supuesto el negocio del ladrillo y que ha generado esta deuda que tenemos que negarnos a pagar. Pues bien, esta medida ideada por la multinacional Pricewaterhousecoopers (su informe nos ha costado 21.000 euros) es una privatización encubierta bajo la perversión del lenguaje. Y es que a partir de Maastricht las élites económicas y que gobiernan nuestras vidas deciden llamar “empresa pública” a una sociedad mercantil local, acogida a la rama del derecho privado y que funciona mediante precios (en el ámbito público pagamos tasas para financiar servicios públicos). Las diferencias son importantes: en las tasas sólo se puede recaudar el coste del mantenimiento del servicio, teniendo que invertir esa cuantía en el mismo servicio. En los precios existe un ánimo de lucro, pudiendo utilizar la cuantía para pagar otras cosas (como la deuda ilegítima). Además si no se puede hacer frente al pago del servicio, al tratarse de precios se produce el corte inmediato del suministro, mientras que con las tasas basta presentar un informe de una trabajadora social que certifique una situación de empobrecimiento para poder seguir teniendo acceso al agua. Por si fuera poco, debido al reciente cambio constitucional pactado por el PP y el PSOE, como el Ayuntamiento ya no puede acceder a nuevos créditos, se espera conseguir a través de la sociedad anónima un crédito bancario (adelantando al Ayuntamiento 17 millones de euros para ir pagando la deuda en concepto de canon). Es decir, el agua será un simple aval para un banco durante los próximos 25 años. A estas alturas no hace falta decir lo que ocurre con los avales y la banca. Es por esto que el precio del agua se ha incrementado en un 18% (en una ciudad con una tasa de paro forzoso espeluznante y donde más del 20% de las vecinas no tenemos ingresos para poder comer), lo único que importa es pagar una deuda que no hemos generado y que no responde a una inversión para satisfacer nuestras necesidades. La guinda del pastel es que también se privatiza la gestión del agua, pues se ha externalizado, escapando a la gestión directa en lo que se supone es la institución donde se encuentran “nuestros representantes políticos” elegidos cada 4 años, y que realmente es responsabilidad de una única persona, elegida a dedo, y que curiosamente es del mismo partido político que el equipo de gobierno del Ayuntamiento, el PSOE.
Ante esta perspectiva, y sabiendo que todos los derechos de los que hoy disponemos se han conquistado, las élites económicas y que dirigen nuestras vidas nunca nos han regalado nada, se abre la necesidad de luchar por un bien que necesitamos para el desarrollo de toda la actividad humana, de la vida. Analizando en el contexto que nos movemos, un sistema económico, social y político que se basa en personas explotando a personas, esta lucha adquiere otra dimensión, pues no es un problema aislado o centrado tan solo en el agua, sino que estamos hablando de la forma que tenemos de relacionarnos entre nosotras, con la naturaleza y los recursos. Quizás valga la pena recuperar la idea del agua como bien común para satisfacer nuestras necesidades y no para especular, relacionándonos horizontalmente (como iguales), para decidir entre todas qué queremos hacer, autogestionando nuestros recursos.
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