22 de mayo de 2013. Comunicado de prensa. La ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social, publicada en el BOE, fue aprobada en solitario por el Partido Popular que no aceptó las enmiendas de ningún grupo político y lo que es más preocupante para la democracia de este país, desoyó unas demandas que cuentan con el apoyo del 90% de la población, unas demandas de mínimos necesarias para no condenar a la exclusión social de por vida a miles de familias.
La ley desvirtúa por completo la ILP por la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de los desahucios, que cuenta con el aval de 1.402.854 firmas y su rechazo muestra una preocupante ignorancia por parte del PP de la realidad social en la que se encuentran cientos de miles de personas en este país. Además, son un insulto a la democracia, una burla a los intereses de las personas afectadas de ejecución hipotecaria, a la sociedad en su conjunto y una muestra de cómo el poder político se encuentra subyugado por los intereses de la banca. Una banca que ha provocado esta crisis y cuyas consecuencias pagamos los ciudadanos sin que se exijan las correspondientes responsabilidades a los banqueros y a las autoridades monetarias.
En el texto aprobado, el Gobierno vuelve a sus medidas parciales, arbitrarias e insuficientes que excluyen a la mayoría de la gente las personas afectadas unas medidas que ya se han mostrado fracasadas. Su propuesta muestra un desprecio por la sentencia del TJUE, ya que no modifica el fondo del procedimiento de ejecución hipotecaria, ni dice nada de los cientos de miles de procedimientos ya realizados con una ley ilegal que vulnera derechos fundamentales. Les condenan y sacrifican de por vida al no aceptar ningún tipo de retroactividad efectiva. La nueva ley impide también que la inmensa mayoría de las personas afectadas se acojan a la paralización de los desahucios de viviendas habituales y no contempla ninguna medida significativa de impulso del alquiler social, además, vulnera los derechos de los afectados y genera indefensión. Nada se introduce para mejorar la regulación sino que al contrario, reduce a un mes el plazo para alegar cláusulas cuando el juez de oficio debe apreciarlas, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE. Por tanto, es persistir en la vulneración de los derechos fundamentales de los afectados.
Una vez más, la efectividad del derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución española y en numerosos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado español queda supeditado a los intereses de las entidades financieras.
La ley supone una operación de maquillaje de los decretos De Guindos y Antidesahucios, cuyo fracaso ya se ha constatado. El texto del Partido Popular aboca al caos social, económico y jurídico al país. Negar el derecho a una segunda oportunidad supone el caos social porque serán miles de personas las que creerán que no tienen solución posible a su situación. Las propuestas del PP nos abocan al caos económico, porque un país no podrá salir de la crisis, si sus ciudadanos no salen de ella, condenados a la economía sumergida y la exclusión social de por vida. Y conllevaráncaos jurídico, porque si el Estado no tutela los derechos de las personas afectadas, éstas buscarán una solución en juzgados, opción que acabará por colapsarlos.
Mientras que la ILP permitía liberar a las familias de la condena financiera y facilitaba su acceso, en régimen de alquiler social, a las viviendas vacías propiedad de las entidades financieras. Unas medidas que permitían mitigar de manera decisiva los efectos sociales más dramáticos de la crisis económica actual. La reforma del PP condena a una parte importante de la clase media española a una pobreza y exclusión social cuyas consecuencias pueden ser impredecibles, ya que hasta ahora la iniciativa legislativa popular era un rayo de esperanza para poder seguir manteniendo su dignidad como personas.
Decir que se ha avanzado por el mero hecho de que ahora el banco se puede adjudicar la vivienda por un 70% en lugar del 60% anterior supone un desconocimiento absoluto de la raíz del problema pues lo único que hace es reducir una deuda impagable a otra que también es impagable y por tanto manteniendo la condena financiera y la exclusión social del ejecutado. Asimismo aprobar que se puede condonar la deuda pendiente si se paga el 80% antes de cinco años es la prueba definitiva de que esta ley ha sido redactada por la banca, pues los bancos desde hace “miles de años” ya venían aceptando estas quitas, incluso superiores, sin necesidad de ninguna ley.
Las PAH seguiremos actuando para hacer lo que no hace el gobierno: defender los derechos de la ciudadanía población frente a los abusos de la banca. Seguiremos parando desahucios, actuaremos para forzar negociaciones con los bancos y lograr daciones en pago, recuperaremos viviendas vacías en manos de las entidades financieras e inundaremos los juzgados de escritos para solicitar la nulidad de procedimientos ya ejecutados, haremos lo que debamos para defender los derechos humanos. Hay vidas en juego, aunque parezce que al Gobierno del PP le da igual.
Rescatemos personas, no bancos.
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