20 de mayo de 2013. Nota de prensa de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca. Desde la Plataforma señalan que el mantenimiento de todos los servicios ferroviarios depende de la Junta de Comunidades, y recuerdan que el proceso de supresión de servicios continúa y que el informe de INECO fue defendido en el Congreso por la secretaria general de Transportes.
El pasado 28 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó la relación de servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia declarados Obligación de Servicio Público, (OSP) y que por lo tanto, van a ser financiados por el Estado. Una medida que puede suponer para Cuenca el fin de sus relaciones ferroviarias con origen o destino la capital de nuestra provincia con Valencia y Madrid, quedando como OSP solamente tres trenes en cada sentido, en la relación completa Madrid Cuenca Valencia. El recorte de 38 circulaciones semanales que se propone para la línea férrea de Cuenca está fundamentado en un informe encargado hace tiempo a la consultora INECO, cuya propuesta de supresión de servicios fue defendida el 4 de marzo de 2013 por la secretaria general de Transportes Carmen Librero, ante la Comisión de Fomento del Congreso.
Este proceso se inicio con la aprobación por el Consejo de Ministros y su posterior convalidación en el Congreso de los Diputados, del Real Decreto-Ley 22/2012, en julio de 2012.
“Por ello, desde esta Plataforma, convocamos una manifestación el 22 de diciembre de 2012, para presionar en el sentido de que todos los trenes que circulan por la línea de Cuenca fueran declarados por el Consejo de Ministros como OSP. Reivindicación que no fue atendida por el Gobierno”, señaló Francisco de los Cobos, portavoz de la Plataforma.
Desde la Plataforma del Ferrocarril de Cuenca se ha denunciado, reiteradamente, que el informe de INECO partía de una metodología obsoleta, que ocultaba decenas de miles de viajeros del ferrocarril normal, carecía de datos sobre el territorio, sus habitantes, las direcciones de tráfico, no contemplaba los transportes alternativos, ni las repercusiones ambientales y sociales de transferir el tráfico ferroviario a la carretera. En definitiva, un informe muy deficiente que, como ahora reconoce la ministra Pastor, “no tiene nada que ver con la realidad”.
“Sin embargo, pese a estas deficiencias, el proceso iniciado en julio de 2012 y aprobado el 28 de diciembre por el Consejo de Ministros continúa. El pasado mes de abril, se filtro una propuesta de horarios y servicios para implantarse en el mes de mayo. Propuesta, que desde la Plataforma trasladamos a los Ayuntamientos, a la Subdelegación del Gobierno y a la Diputación, ya que la consideramos inadmisible”, informaron.
De los Cobos insistió en que “Por ello, hemos elaborado una propuesta alternativa de los horarios que deberían tener los pocos trenes que quieren dejar y hemos comunicado igualmente que algunas de las peticiones que se están haciendo desde los Ayuntamientos, solamente pueden ser satisfechas si la Junta de Comunidades financia los trenes no declarados OSP”.
“Esperamos, que como consecuencia de esta actividad de la Plataforma, y la que puedan desplegar los Ayuntamientos afectados, por parte del Ministerio, de Renfe y de la Junta de Comunidades, se pueda reconsiderar el objetivo que tenían propuesto y que sean atendidas todas las demandas que se están presentado por parte de la ciudadanía”, dijo el portavoz de la Plataforma
Por otra parte, el acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de diciembre, ofrece a las comunidades autónomas la posibilidad de que sufraguen los trenes no incluidos como obligaciones de servicio público y que, a juicio de los habitantes de las localidades, son imprescindibles para su futuro. “No es necesario recordar que, esta posibilidad de subvencionar trenes, la ejercen la mayoría de las regiones españolas desde hace años, porque entienden que el ferrocarril normal tiene una función social y de articulación del territorio no ofrecida por otros medios”, comentó de los Cobos.
En consecuencia y finalmente sostuvo el portavoz de la Plataforma, Francisco de los Cobos, “son los retornos medioambientales, sociales, de cohesión territorial y las transferencias de renta a las regiones y personas más desfavorecidas, lo que aconsejan la permanencia de servicios ferroviarios en casi todas las comunidades de España”. “Esta línea tiene un recorrido de 266 Km, por el que se ven unidas 200.000 personas y es evidente, que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debe asegurar la continuidad del servicio actual”, concluyó Cobos.
0 comentarios:
Publicar un comentario