30 de julio de 2013. Cuenca Alternativa/Comunicado. En la concentración de esta mañana en las puertas del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública se ha lamentado de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de dar vía libre a la privatización de la gestión de seis hospitales en esta comunidad.
La Plataforma denuncia el notable aumento del presupuesto militar que va a ser destinado a pagar programas de armamento. La consideran una medida polémica más aún teniendo en cuenta los fuertes recortes que están aplicando a la sanidad y la educación, además de la notable pérdida de derechos laborales.
Desde la Plataforma ponen de manifiesto los muchos errores que se están cometiendo con la sanidad pública. El Tribunal Superior de Justicia de CLM, informan, ha anulado la posibilidad de que se de una jubilación forzosa de los médicos a los 65 años lo que, añaden, repercutirá en los contribuyentes.
Esta mañana la lectura del comunicado se ha referido también a las víctimas y familiares del trágico accidente en Santiago de Compostela, con quienes se solidarizan. Y se han hecho eco de la denuncia de los empleados del hospital público situado a unos cien metros del accidente. Según declaraciones de estos trabajadores: "No nos creemos todavía que hubieran enviado a los heridos a centros privados como el de La Rosaleda, más alejado del lugar del siniestro que el nuestro y que nos mantuvieran a nosotros de brazos cruzados. Nos parece incomprensible”.
Lectura completa del comunicado de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cuenca del 30 de julio de 2013.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha anulado en un sentencia el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Sescam en lo referente a la jubilación forzosa de los médicos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha a los 65 años, que afectaría a más de 500 facultativos hasta 2014. Este fallo es firme y se debe publicar en el DOCM en el plazo de 10 días.
Una vez más se pone de manifiesto la poca capacidad de quien dirige actualmente el SESCAM, no es la primera vez que los tribunales anulan decisiones que han tomado. No pudieron cerrar las urgencias de los pueblos y ahora tendrán que readmitir a los profesionales a los que les dieron una patada para echarlos.
Ahora todos nosotros contribuyentes, deberemos pagar esta torpeza del SESCAM puesto que tendrán que restituirles a los profesionales afectados los derechos vulnerados, tanto laborales como económicos.
Todos estos dirigentes ineptos deberían pagar por sus decisiones descabelladas, dicen que no hay dinero, sí que hay lo que pasa es que lo gastan en pagar sus meteduras de pata.
Sentimos informar de que la Comunidad de Madrid tiene vía libre para continuar el proceso de privatización de la gestión de seis hospitales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha levantado la suspensión cautelar de la adjudicación de esos centros a tres empresas que el mismo tribunal había decretado el 10 de julio. El tribunal archiva el recurso, pero sin entrar a estudiar el fondo del caso, algo que, como admiten los propios magistrados, no está previsto por la ley.
El PSOE solicitaba parar el proceso para que se estudiara la legalidad de una modificación de última hora que hizo la Consejería de Sanidad en las condiciones de los contratos. Solo cuatro días antes del final del plazo de presentación de ofertas, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó como corrección de errores un cambio sustancial en la garantía del 5% que deben presentar los adjudicatarios. Al añadir la palabra “anual”, redujo en cerca de un 90% este aval —el contrato es por 10 años—, así que los 233 millones que debían aportar se quedaron en 28.
14 días después el mismo tribunal rechaza el recurso socialista sin siquiera haber estudiado el expediente administrativo, algo que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM admite no haber hecho. Es decir que, los magistrados han dado carpetazo al caso sin examinar el fondo del asunto (el expediente administrativo), algo que, como mínimo ya es irregular.
Por ello el día 27 de julio se envió un comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid de los miembros de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid. En este comunicado expresan su más absoluta incomprensión hacia dicha sentencia y afirman que la sociedad queda totalmente indefensa ante un modelo político que ha saltado claramente todas las líneas rojas y que atenta gravemente contra los derechos humanos más básicos, como es el derecho a la vida y a la salud.
Añaden que no hay que ser muy linces para ver que se pretende entregar de cualquier forma el botín y sin importar para nada la opinión de todos los colectivos afectados: usuarios, pacientes, ciudadanos, profesionales, sindicatos… en definitiva una Sanidad Pública y Universal que va a pasar a manos privadas a corto plazo para enriquecimiento de estas empresas y con dinero adelantado de nuestros bolsillos.
El TSJM debiera estar en todo caso para deslegitimar este saqueo que atenta contra la Constitución y si este tribunal ha declarado ilegítimos a los señores (miembros del PSOE de Madrid, vecinos de las áreas de salud afectadas), también debería declarar ilegítimo al PP que vende bienes que le son ajenos puesto que deciden sobre una sanidad que es de los ciudadanos, de todos y no sólo de los gobernantes de la comunidad madrileña. Uno no puede vender lo que no es suyo. Por lo tanto que este tribunal tenga la misma vara de medir para ambas partes y sobre todo cuando con esta medida se va a abusar claramente de un bien de los ciudadanos.
El hospital de Dénia da cita en 24 horas
a los pacientes de una aseguradora. El personal de admisión debe atenerse a
un protocolo que marca cómo actuar con los clientes de DKV. Un protocolo
interno que está en vigor desde el 1 de abril de 2011 establece el
"circuito" que siguen los pacientes de la aseguradora DKV en el
hospital comarcal de Dénia y en los centros de salud de la Marina Alta. Ese
documento, que está colgado en la intranet de Marina Salud, participada mayoritariamente por DKV,
da indicaciones al personal de admisión sobre cómo proceder con los pacientes
de esta compañía. Y deja claro que a los clientes de la aseguradora se les debe
comunicar que "en menos de 24 horas se pondrán en contacto con ellos para
darles una cita".
En el "procedimiento de citación" que aparece en
este protocolo, se insiste en que la trabajadora que supervisa este
"circuito" especial "contesta en 24 horas". A continuación,
las citas "se reflejan en el archivo compartido".
Por otra parte queremos incidir en lo ya
apuntado en varias ocasiones: Se nos viene insistiendo en que los recortes se
justifican por la falta de dinero, pero ya sabemos que esto no es cierto; se
puede gastar en iluminar mejor las ruedas de prensa de nuestra presidenta
Cospedal o el Gobierno de España puede aprobar un aumento del presupuesto militar de 877,33 millones de
euros para pagar programas de armamento, una polémica medida en un contexto de
drásticos recortes en sanidad y educación y pérdida importante de derechos
laborales.
El Gobierno utiliza este mismo
instrumento por segundo año consecutivo; el pasado año empleó un crédito
extraordinario, para hacer frente a los compromisos de los programas especiales
de armamento y lograr que ese dinero no saliera del presupuesto ordinario del
Ministerio de Defensa cuya factura total se ha fijado en casi 30.000 millones
de euros a pagar hasta 2030. No es descabellado imaginar todo lo que se podría
mejorar invirtiendo ese dinero en servicios públicos como educación, sanidad o
servicios sociales.
Además desde la Plataforma queremos solidarizarnos con las
víctimas y familiares de los afectados por el terrible accidente de tren de
Santiago de Compostela. Felicitamos
a todos los que abandonaron sus casas, sus horas de descanso, sus vacaciones,
por ir a prestar ayuda.
En estos días estamos escuchando las declaraciones de autoridades gallegas y nacionales alabando el
comportamiento de empleados públicos, tanto de bomberos, policías, personal
sanitario…etc. Nos alegramos de que se reconozca el trabajo bien hecho, pero
recordamos que esas mismas autoridades son las que llevan meses insistiendo en
lo poco que trabajamos los funcionarios y empleados públicos en general.
Por cierto que los empleados del Hospital de Conxo, situado a un
centenar de metros del lugar del accidente, denuncian que no recibieron
pacientes, a pesar de que se presentaron muchos voluntarios: médicos,
enfermeros, auxiliares…
El personal se
afanó en la preparación de los quirófanos y en la apertura de las alas de las
plantas —una de cirugía, otra de trauma y otra de interna, según fuentes
sanitarias, y de la UCI cerrada durante los meses de verano. “No nos creemos
todavía que hubieran enviado a los heridos a centros privados como el de La
Rosaleda, más alejado del lugar del siniestro que el nuestro y que nos
mantuvieran a nosotros de brazos cruzados. Nos parece incomprensible”, lamenta un
miembro del personal.
Fotografía de archivo: Cuenca Alternativa.
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