16 de Julio de 2013. Nota de prensa. En la mañana de hoy, Izquierda Unida de Cuenca se ha dirigido al Subdelegado del Gobierno en la provincia de Cuenca, Ángel Mariscal, para que inste a todas las Administraciones Públicas, dentro de sus responsabilidades como máximo representante del Estado en esta Provincia, a que paralicen de manera inmediata todos los procesos de licitaciones, de adjudicaciones de obras, bienes y servicios, de ventas de Patrimonio público, de externalización de servicios y de derivación a la gestión privada de cualquier servicio o función pública.
Esta solicitud, presentada en la Subdelegación por la Coordinadora Provincial de IU de Cuenca, Ana María Sánchez, se hace atendiendo a la defensa del interés general fijado en la Constitución Española, defensa de la Hacienda Pública y del principio de transparencia en la acción de Gobierno, y se ha presentado igualmente en otras provincias.
La representante de esta formación política ha manifestado que es necesaria esta solicitud por varias razones que se consideran de máxima urgencia: una es la alarma social creada ante los escándalos de corrupción política, especialmente ligados a los procesos de adjudicaciones a empresas concesionarias que posteriormente y supuestamente hacen millonarias donaciones ilegales a partidos políticos que ostentaban el Gobierno que hizo esas adjudicaciones públicas.
Esta solicitud, presentada en la Subdelegación por la Coordinadora Provincial de IU de Cuenca, Ana María Sánchez, se hace atendiendo a la defensa del interés general fijado en la Constitución Española, defensa de la Hacienda Pública y del principio de transparencia en la acción de Gobierno, y se ha presentado igualmente en otras provincias.
La representante de esta formación política ha manifestado que es necesaria esta solicitud por varias razones que se consideran de máxima urgencia: una es la alarma social creada ante los escándalos de corrupción política, especialmente ligados a los procesos de adjudicaciones a empresas concesionarias que posteriormente y supuestamente hacen millonarias donaciones ilegales a partidos políticos que ostentaban el Gobierno que hizo esas adjudicaciones públicas.
La querella presentada por IZQUIERDA UNIDA junto a otras asociaciones, en el llamado Caso “Bárcenas”, apunta a numerosas empresas que beneficiadas por adjudicaciones públicas, posteriormente y supuestamente hacían donaciones de dinero al Partido Popular, que luego se sospecha se repartía en parte o en su totalidad entre altos dirigentes del PP, e incluso a miembros del Gobierno de España, vulnerando la Ley de Financiación de Partidos Políticos y otras leyes del Estado.
Los ciudadanos están indignados por como los sucesivos gobiernos, tanto del PP como del PSOE, amparan estas prácticas de corrupción, ya que se han indultado recientemente a cargos políticos del PP y de CiU condenados en firme por delitos relacionados con la corrupción y la financiación ilegal de partidos, o a directivos de la Banca, como el expresidente del Banco de Santander. “El origen y causa de estas prácticas es la privatización de servicios así como las adjudicaciones de obras en las cuales los poderes públicos deciden desentenderse de la gestión pública directa” matizó Sánchez, resaltando como se ha comprobado que todos estos procesos vienen acompañados al poco tiempo de ampliaciones, modificaciones y añadidos que acaban desfasando el coste previsto, y cómo esto ha afectado a una irresponsable subida de la deuda y el déficit público.
La moratoria debería de estar activa mientras no se reponga la confianza ciudadana en la gestión de los asuntos públicos y se resuelvan los grandes casos de corrupción iniciados por los Tribunales de Justicia.
Finaliza IU indicando que para ellos “no existe riesgo alguno para la continuidad de la prestación efectiva de dichos servicios y solamente pretendemos evitar un daño mayor a las cuentas públicas y a la calidad democrática de nuestro país”.
0 comentarios:
Publicar un comentario