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| FSC CCOO Andalucía |
Ante ello desde la FSC CCOO-Cuenca sigue desarrollando toda una serie de iniciativas y acciones encaminadas a que todos los empleados públicos de los Ayuntamientos de la provincia tengan conocimiento “de esta propuesta de reforma que se inscribe dentro de las políticas de ajuste y reducción del déficit público, cuya base es la reforma constitucional acordada por PP y PSOE para incorporar la estabilidad presupuestaria como principio de actuación de las administraciones públicas, y que se ha plasmado en medidas de recorte a través de leyes o RD Legislativos, que han modificado sustancialmente las condiciones laborales y retributivas del conjunto del sector público, anulando la negociación colectiva, destruyendo empleo y servicios públicos”, señalaron.
Con la distribución y difusión de hojas y notas informativas enviadas al personal de las administraciones locales, a los Ayuntamientos, aprobación de mociones en los plenos como el de Graja de Iniesta o resoluciones en los comités de empresa de los Ayuntamientos como el de Tarancón el pasado viernes, etc., “queremos llegar al máximo número de trabajadores, ciudadanos y responsables políticos locales y ciudadanos en general pues esta reforma supone el desmantelamiento de servicios públicos básicos, destrucción de miles de empleos, y acabar con la autonomía local”, declararon los responsables de la FSC CCOO Cuenca.
Respecto al informe del Consejo de Estado emitido sobre la reforma local desde la FSC CCOO Cuenca se han trasladado algunas de sus conclusiones que cuestionan su constitucionalidad pues puede reducir “en exceso” la autonomía municipal garantizada por la Constitución vigente.
El texto es muy crítico con algunos de sus propuestas como el llamado "coste estándar", que se pretende fijar para determinar si los Ayuntamientos mantienen determinadas competencias o si éstas pasan a las diputaciones provinciales.
En este sentido, este órgano consultivo explica que el llamado "coste estándar" de los servicios que prestan los municipios -incluido en la nueva regulación- se convierte en un cheque "en blanco" que se otorga al Ejecutivo central para poder quitar competencias a los Ayuntamientos.
En cuanto al traspaso a las Diputaciones de las competencias locales que perderían los municipios por tener un coste de los servicios superior al "coste estándar" que establezca el Gobierno, el Consejo de Estado advierte que las "Diputaciones Provinciales son entidades locales de representación indirecta" cuyos representantes no los eligen los ciudadanos, y recalca que "tampoco se toma en consideración si la Diputación a la que haya de encomendarse dicha prestación se encuentra en situación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".
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