Graves consecuencias para la educación en Cuenca

11 de septiembre. Nota de prensa. La Asamblea Intercentros de Cuenca alerta de las graves consecuencias que van a tener los recortes para el presente y el futuro de la educación en Cuenca. Desde la Asamblea Intercentros se hace un llamamiento "a todos los docentes, familias y estudiantes, a todos los conquenses, a apoyar con energía, difundir y sumarse a las acciones que se están anunciando en defensa de la educación pública de calidad y contra los recortes".



"LOS RECORTES EN EDUCACIÓN ARRASTRAN GRAVES CONSECUENCIAS PARA EL PRESENTE Y EL FUTURO DE CUENCA.


           
       En este comienzo de curso escolar se ha cumplido la reducción masiva de docentes en la educación pública que veníamos anunciando desde junio. Los alumnos de Castilla-La Mancha, que siguen aumentando (este curso se esperan unos 10.000 más), pierden un 12 % de sus profesores. En Cuenca ese porcentaje se concreta en la no contratación de más de 400 docentes que sí trabajaron durante el curso anterior.





Enviar a 400 docentes de la provincia de Cuenca al paro es una auténtica barbaridad cargada de graves consecuencias. Es una barbaridad que tiene como responsables a los políticos que han tomado tan lamentable decisión y que, para mayor desgracia de todos, se felicitan por ella.
Esta expulsión de la vida laboral de 400 docentes en la provincia de Cuenca hay que sumarla a la realizada en el curso escolar 2011-2012. Durante el verano hemos podido saber al fin que en el curso pasado 130 profesores, como mínimo, dejaron de impartir clase a los alumnos conquenses. Estamos hablando, entonces, de unos 550 profesores menos en la provincia en dos cursos.
Estas son las consecuencias de las medidas que Rajoy y Cospedal vienen tomando desde que empezaron a gobernar. En el curso que comienza:
-Los grupos de alumnos van a ser mucho más numerosos, lo que supondrá un deterioro del ambiente de estudio en las clases y la imposibilidad de aplicar una atención personalizada a los alumnos.
-Algunos niños habrán de desplazarse a estudiar a otro pueblo. Sólo en la provincia de Cuenca se han cerrado 29 colegios, la mitad aproximadamente de los que se han cerrado en toda Castilla-La Mancha.
-Los alumnos de infantil con dificultades no van a tener Profesor de apoyo, porque “nuestros” representantes han decidido eliminarlo.
-Los docentes que tengan la suerte de trabajar estarán más cansados, estresados, peor pagados, con un peor programa de formación y peor coordinados unos con otros por tener dificultad horaria para preparar juntos actividades educativas.
-Los alumnos cuyo profesor caiga enfermo, esperarán semanas antes de que llegue un profesor sustituto.
-A todo esto se le debe sumar los recortes en la gratuidad de libros, en comedor, en trasporte, el encarecimiento de los materiales escolares, el deterioro de la calidad de las instalaciones de los centros cuyo presupuesto se ha reducido en un 30%, en las actividades de la tarde y en la atención humana de toda la comunidad educativa.
En fin, un ataque sin precedentes a la educación pública o lo que es lo mismo al futuro de la provincia, de la región y del país, un ataque sin precedentes a la educación que es la educación de tod@s y para tod@s, de y para todas las personas, vivan en donde vivan y tengan los recursos que tengan.
La educación pública es también la educación de aquellas familias que llevan a sus hijos a colegios privados, ya que debe estar ahí siempre esperando en caso de que, por razones económicas o de otra índole, una familia decida abandonar la privada.
Ya empieza a conocerse, por lo demás, la autentica realidad del coste de la educación concertada. La Organización de Consumidores y Usuarios acaba de sacar a la luz los resultados de un trabajo de campo que desvelan que los colegios concertados cuestan un 70% más que los públicos*.
Parece claro, si enfocamos ahora el problema desde el punto de vista del trabajo docente, que los gobiernos de Rajoy y Cospedal sólo buscan la desprofesionalización y la precariedad de los profesores.
Hacia ese objetivo se dirigen todas las medidas con las que están dañando gravemente sus condiciones laborales, hacia ese objetivo se dirigen las bajadas de sueldo, incluida la eliminación de la paga extra de navidad.
La bajada de sueldo sumada a la destrucción sistemática de puestos de trabajo docente va a redundar, por otro lado, muy negativamente en la economía de toda la provincia.
El poder adquisitivo de los interinos baja más que el del resto del profesorado. A los interinos ya no les pagan tampoco las vacaciones de verano, y tienen que ir al paro, con lo que ven interrumpidos los periodos cotizados a la seguridad social que suman para la jubilación. Para colmo, Cospedal ha abierto la posibilidad de reducir un 15% las horas de trabajo y el sueldo de los interinos.



Asimismo, los desplazamientos y el número desproporcionado de plazas a media jornada que han sido adjudicadas (un 47 % del total) va a obligar a muchos docentes a tener que vivir lejos de su familia, con un gasto extra abusivo y, en el caso de los interinos a media jornada, con un sueldo reducido a la mitad.





        Como hemos dicho al principio, la responsabilidad de las medidas de recortes es de los políticos que están tomando las decisiones. Pero, la responsabilidad es, en segundo lugar, de los docentes, familias, estudiantes y ciudadanía en general que les estamos permitiendo que destruyan el bien común de la educación.



Es nuestra responsabilidad defender nuestros derechos y exigir a los políticos que los respeten. Por eso, desde la Asamblea Intercentros de Cuenca llamamos a todos los docentes, familias y estudiantes, a todos los conquenses, a apoyar con energía, difundir y sumarse a las acciones que se están anunciando en defensa de la educación pública de calidad y contra los recortes".


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Campaña de peticiones contra el cementerio nuclear en Cuenca


8 de septiembre. La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca ha creado una petición en Avaaz.org con el fin de “Parar el procedimiento para la construcción de un cementerio nuclear en Villar de Cañas”.
La Plataforma señala que esta acción es importante porque: “El procedimiento recién iniciado (y que durará varios años) de cara a construir un almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas, es profundamente antidemocrático: no ha existido información ni se ha consultado con los habitantes de la comarca perjudicada. Además, la elección de Villar de Cañas se debió únicamente a motivos políticos.
La solución a los residuos nucleares, pasa por dejar de producir las sustancias más peligrosas existentes en el planeta, y por ello, primero se debe proceder al cierre de todas las nucleares. Solo entonces y una vez conocido el volumen total de residuos, se debe iniciar un proceso informado , participativo y democrático para que la ciudadanía decida el destino de los residuos nucleares de alta actividad”.
El texto de esta petición, que reproducimos a continuación, será entregado a Jose Manuel Soria (Ministro de Industria Energía y Turismo), a Mª Dolores de Cospedal, (Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y a José María Saiz (Alcalde de Villar de Cañas).
Texto de la petición:
“Debería reflexionar antes de seguir adelante con el mayor error de su carrera política: usar su influencia para designar a Villar de Cañas para albergar el basurero nuclear, saltándose las motivaciones técnicas. Las razones fundamentales de este error son dos: La primera, es que el cementerio nuclear supondrá acelerar el despoblamiento de la comarca de Villar de Cañas como ya ha ocurrido en las localidades del entorno de las instalaciones nucleares. El cementerio Nuclear truncará el futuro de la comarca como proveedora de recursos agrícolas, naturales y turísticos que debería poner en valor en vez de arruinarlos. La segunda es porque los ciudadanos de la comarca no quieren y están dispuestos a luchar hasta el final para impedir que se construya el cementerio nuclear. Todavía está a tiempo, puesto que está en una fase muy inicial. Pare el procedimiento que se inició de forma precipitada y antidemocrática, tiene competencia para ello. Solo es necesario voluntad política”.


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La Junta no dialoga, impone


7 de septiembre. Nota de prensa. Los trabajadores de conservación de carreteras de la Junta de Comunidades denuncian en su último comunicado de 5 de septiembre que la Junta está imponiendo sin ningún tipo de diálogo una modificación de jornada que supondrá para ellos una importante pérdida de ingresos. 
El pasado miércoles 5 de septiembre los trabajadores de conservación de carreteras de la Junta de Comunidades se concentraron en la entrada del Parque de Maquinaria de la Consejería de Fomento en Cuenca y posteriormente se encerraron en esas instalaciones hasta media noche.
En el comunicado emitido ese mismo día señalan:
             "El personal de conservación de carreteras de Fomento en Asamblea decide hacer pública su oposición más rotunda a todos los recortes sufridos por parte de los diversos gobiernos central y regional. En especial quiere mostrar su rechazo a la última modificación de jornada realizada de forma unilateral y no negociada por la Administración. Esta modificación supone una bajada de nuestros ingresos que hará que nuestra pérdida de poder adquisitivo desde el año 2010 sea de entre el 30% y el 40% según los casos.
     Además, protestamos ante la falta de solución a los muchos asuntos que la Consejería de Fomento tiene pendientes de resolver y que nos afectan directamente en nuestro trabajo, entre ellos:
  • no sabemos en qué condiciones se nos va a retribuir el servicio de atención a emergencias solicitadas por 112 y Guardia Civil;
  • tenemos problemas en el desarrollo de nuestro trabajo debido a la falta de pago a proveedores;
  • no hay una voluntad clara de la Administración de inversión en este servicio, lo que se traduce en medios escasos y obsoletos;
  • hay un retraso en el pago de indemnizaciones que ya llega al año.
     Estos y otros temas han sido tratados en varias reuniones de la representación sindical con la Consejería de Fomento. En ninguna de esas reuniones ha habido una voluntad real de negociación arguyendo la Consejería siempre falta de conocimiento por ser un gobierno nuevo (lo que después de un año en sus cargos ya no nos parece una excusa), incapacidad para la negociación por tratarse de temas económicos cuya competencia exclusiva es de la Consejería de Hacienda o, directamente, que lo tratado era dominio exclusivo de la Administración. El último acto ha sido una modificación de jornada realizada a traición y sin respetar el procedimiento que nuestro propio convenio exige, eliminando cualquier posibilidad de estudio y negociación de dicha medida por parte de los trabajadores y, en definitiva, imponiendo de forma abusiva el criterio de la Administración.
    Nuestro trabajo es por naturaleza duro y peligroso debido a que se realiza en la carretera sufriendo las condiciones adversas de la climatología tanto en invierno como en verano. Con riesgo de atropellos al estar expuestos  al tráfico durante toda nuestra jornada laboral. Con la amenaza constante de accidente debido a la utilización de máquinas peligrosas. En condiciones de poca visibilidad en muchos casos ya que al atender emergencias solicitadas por el 112 y Guardia Civil o servicios de vialidad invernal, muchas veces tenemos que trabajar de noche.
     Sin ningún dialogo, ni tampoco  razones, se nos impone unos cambios importantes sin tener en cuenta nuestro convenio colectivo, y se nos recortan nuestros ingresos de una manera exagerada, llegando a un 40 por ciento. Además, se nos aumenta gravemente el riesgo de accidente al cambiar nuestro horario y aumentando así las horas que trabajaremos de noche. En definitiva, consideramos que se han violado gravemente nuestros derechos laborales.
     Por eso, desde aquí exigimos que la Administración abra una negociación real que tenga en cuenta a los trabajadores. Si para eso hace falta que la Consejería de Hacienda también esté presente, que la llamen. Si para eso les hacen falta horas para ponerse al día sobre ciertos temas, que las usen. Este ha sido nuestro límite. Ya no queremos buenas palabras. Queremos que nos tengan en cuenta en todo lo que nos afecta. Somos un servicio público de calidad (nuestro trabajo está a la vista) y queremos seguir siéndolo. Y lo vamos a defender dónde, cuándo y ante quién haga falta."
  




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GEACAM hacia la huelga indefinida


3 de septiembre. Nota de prensa de CCOO. Convocados por los cuatro sindicatos con representación en la empresa pública GEACAM, CCOO, UGT, SIBF y SATIF, los trabajadores irán a la huelga los días 10 y 11 de septiembre en contra del ERE que plantea la extinción de 680 contratos. Los sindicatos advierten que si persiste la intención de GEACAM de extinguir los 680 contratos, los trabajadores iniciarán huelga indefinida a partir del 17 de septiembre.
  Los días de huelga se realizarán en las diferentes provincias de la región acciones complementarias de movilización como concentraciones y manifestaciones, según acuerden los trabajadores.
  En rueda de prensa, representantes de los trabajadores de estas cuatro organizaciones sindicales han advertido que si la empresa persiste en su intención de despedir a estos 680 empleados y no abre otra vía de negociación que no sea traumática para los derechos de los trabajadores, la plantilla de GEACAM comenzará una huelga indefinida a partir del próximo 17 de septiembre.
  CCOO, UGT, SIBF y SATIF instan una vez más a la empresa GEACAM a que retire el ERE y negocien medidas no traumáticas de carácter voluntario y temporal. No existen causas, ni económicas ni de ningún tipo, que justifiquen estos despidos.
  Los representantes de los trabajadores señalaron que hay trabajadores a los que GEACAM ha despedido y a los que el mismo día que se les acababa el contrato, les planteó sí querían volver a trabajar, pero en peores condiciones, con un contrato temporal y con un salario inferior.
  En GEACAM ya se han producido 600 despidos (personal de estructuras y asistencias técnicas, trabajadores del SEPEI, interinos no contratados…) y ahora quieren extinguir los contratos de 680 trabajadores. En un año se quieren cargar al 50% de la plantilla, dijo el secretario regional de la Federación Agroalimentaria de CCOO CLM, José Sánchez de los Silos.
  Los sindicatos recalcaron que en el ERE dice extinciones, pero que en reuniones mantenidas en el periodo de consultas del mismo se ha hablado de contratos fijos-discontinuos. Así, afirmaron que la ley no permite establecer acuerdos colectivos para modificar las condiciones laborales, que tienen que ser aceptaciones voluntarias de los trabajadores.
  Los sindicatos piden al Gobierno regional y al gerente de GEACAM que den la cara y no para mentir sobre el Expediente de Regulación de Empleo en la entidad que pretende extinguir 680 contratos y que no es un expediente temporal como defienden.
  Asimismo, las organizaciones sindicales hacen un llamamiento a los trabajadores de GEACAM, a participar en la gran marcha a Madrid que CCOO, UGT y otras organizaciones sindicales, profesionales y sociales han convocado para el próximo 15 de septiembre.

Fuente:

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El 1 de septiembre la salud deja de ser un derecho ciudadano



31 de agosto. Nota de prensa de PSPC. La Plataforma por la Sanidad Pública de Cuenca informa de que a partir del próximo 1 de Setiembre entra en vigor parte del RD Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que entre otros aspectos modifica la actual asistencia y cobertura sanitaria excluyendo a parte de la población, entre otros  la población inmigrante en situación irregular, alrededor de 153.000 personas.
  A partir de ahora se produce un cambio radical en la consideración de quién tiene derecho a la atención sanitaria pública (prestaciones básicas): hasta este momento el requisito era ser ciudadano del estado español para lo cual se exigía la residencia o empadronaminto; a partir de ahora, el requisito será “estar asegurado”, es decir, cotizar a la Seguridad Social, como hace 30 años cuando teníamos que ir al médico con la cartilla de beneficiario o cotizante de la Seguridad Social. Aquellas personas que no tengan la condición de asegurado o beneficiario tendrán que pagarse un seguro privado o  la cuota que  ha establecido el Ministerio de Sanidad para sufragar los costes de la atención sanitaria básica en el sistema público considerada no urgente (710.40 euros al año). Se mantiene la asistencia sanitaria a embarazadas y menores de edad, los demás sólo podrán acudir a urgencias.
  Establecer la condición de asegurado para acceder a la atención sanitaria no es una medida inocente; en cualquier momento se podrá decidir que el aseguramiento puede ser privado pagado con fondos públicos y complementado previo pago del usuario con aquellas prestaciones que a partir de ahora no se consideren básicas; así las clases medias con mas recursos tendrían acceso a una sanidad de más “calidad” y provisión privada y la Sanidad Pública quedaría reducida a una sanidad para pobres como la antigua beneficencia.
  Esta medida supone un cambio de modelo en la atención sanitaria gratuita y universal que vulnera, entre otros, derechos recogidos en la Constitución, la Ley General de Sanidad y la Ley General de Salud Pública que garantizan el derecho a la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos que residen en España. Además, en contradicción con la Declaración de Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos y Sociales, se deja fuera a la población no regularizada con los efectos humanitarios, de salud pública ( al estar fuera del sistema no se controlan infecciones como la tuberculosis) y de utilización inadecuada de recursos (saturación de urgencias).
  La excusa lógicamente es el ahorro en tiempo de recortes, pero ni eso. El Ministerio prevé ahorrar 500 millones de euros, pero teniendo en cuenta que el coste sanitario es de alrededor de 1600 euros/habitante, multiplicado por el nº de inmigrantes en situación irregular, no alcanza ni la mitad de lo previsto (245 millones) 
  Hay que recordar que el Sistema Nacional de Salud no se financia desde 1999 con las cuotas de la Seguridad Social sino mediante impuestos, directos o indirectos, de todos los ciudadanos que residen en España, también con los de los inmigrantes irregulares que lógicamente no pagan el IRPF pero sí el IVA, la gasolina, el tabaco o consumen productos aunque estén en la economía sumergida, lógicamente en contra de su voluntad.
  La situación más grave la viven los pacientes crónicos (SIDA, cáncer, enfermos renales que precisan diálisis). Ni en hospitales ni Centros de Salud se han recibido instrucciones sobre como atender a estos pacientes cuando se les retire la tarjeta sanitaria. 
  Ante esta situación algunas Comunidades Autónomas de diferente color político, País Vasco, Asturias, Andalucía, Cataluña y Canarias han asegurado que continuarán atendiendo a estos pacientes aplicando distintos mecanismos para ello: por ejemplo,  en Cataluña mediante la emisión de una tarjeta sanitaria específica para esta población y en Navarra pagando la propia administración autonómica los costes derivados de la atención sanitaria a los inmigrantes.
  Junto a ello se ha generado un movimiento de solidaridad entre los trabajadores sanitarios, mayoritariamente los médicos (alrededor de 1500) que se han declarado Objetores, y seguirán atendiendo a la población inmigrante, pero que tendrán que salvar los escollos legales que esta situación les deparará como amenazas de que legalmente no pueden atenderles en horario laboral o dificultad para acceder al especialista, a pruebas diagnosticas y tratamientos. 
  Desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cuenca exigimos a las autoridades sanitarias que se continúe atendiendo a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones.
  Apoyamos a lo trabajadores de la sanidad de nuestra provincia que decidan seguir atendiendo a la población inmigrante en situación irregular y nos ofrecemos, si lo precisan,  para que en el ámbito de la Plataforma se pueda coordinar su trabajo.

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La Plataforma por la Sanidad Pública apoya las objeciones a la ley que discrimina a los "sin papeles"

28 de agosto. C.AEn la concentración que ha tenido lugar hoy, martes 28 de agosto, a las puertas del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, Mª Ángeles García, miembro de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cuenca, ha manifestado el apoyo de la Plataforma a los facultativos que han decidido hacer objeción de conciencia a la ley que entra en vigor el 1 de septiembre. Según esta ley, tanto las personas inmigrantes sin papeles como las mayores de 26 años que no hayan cotizado a la Seguridad Social no tendrán derecho a un acceso gratuito a la Sanidad Pública. Invita, igualmente, a aquellos que quieran sumarse a esta objeción de conciencia para que se pongan en contacto con la Plataforma con el fin de ver la manera de llevarla a cabo en Cuenca.


          Desde la Plataforma se denuncia que esta medida supone un cambio de modelo. De la sanidad universal, financiada vía impuestos, se pasa a un acceso a la sanidad pública mediante aseguramiento. Este cambio de modelo implica que la sanidad ya no es un derecho que viene reconocido desde el nacimiento a toda persona, como recoge la Constitución Española, y conduce a un sistema en el que habrá una sanidad para pobres y otra para ricos: una sanidad pública de beneficiencia para los que no tengan otra posibilidad y una sanidad privada para aquellos que puedan pagarse un seguro médico.
      Han informado que el 1 de septiembre entra también en vigor la retirada de la prestación sanitaria de numerosos fármacos de uso común entre ancianos y enfermos crónicos. Para la Plataforma esta ley es completamente injusta, más si cabe si se suma a las medidas de re-pago que el gobierno ha puesto ya en funcionamiento.


Mª Ángeles García ha procedido asimismo a la lectura de una carta dirigida al Director Gerente del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Este texto, firmado por facultativos y personal sanitario del hospital público, le será entregado al Director Gerente. En él se pone de manifiesto la consideración de la protección de la salud como un derecho básico del ser humano que, entre otros, permite que las personas podamos disfrutar de forma plena y en condiciones de igualdad de otros derechos fundamentales como son los derechos civiles y políticos.
 También se hace alusión en ella al modo en que la política de recortes que se está aplicando al Hospital interfiere con los deberes profesionales de facultativos y personal sanitario, siendo en muchos casos imposible prestar una asistencia sanitaria “no ya de calidad, sino en condiciones mínimas”. En la carta se insiste en lo precario de la actual situación en el hospital público conquense debido al cierre de dos plantas (la 1º B y la 2ª B). Actualmente se están ingresando a pacientes en una tercera cama en habitaciones preparadas para dos. En esta situación los pacientes corren riesgos graves ya que es imposible que un carro de parada o un desfibrador entren en la habitación.
En la carta, los profesionales del hospital guiados por el Código de ética deontológica médica denuncian la situación que se está dando en el hospital de Cuenca al tiempo que hacen responsables a la dirección del hospital y al propio SESCAM de “cualquier responsabilidad en que pudiera incurrir por falta de medios” y alertan que si se diera “un caso concreto de grave peligro para la vida de un paciente procederán de forma inmediata a ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial por si pudiese ser constitutivo de delito”.

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Los recortes de personal desmantelan el Sistema de Atención a la Dependencia


24 de agosto. Nota de prensa/C.A. CCOO alerta de que los ceses de interinos en la JCCM tendrán graves consecuencias para el Sistema de Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha, ya que supondrán la imposibilidad de aplicar la Ley de Dependencia.

Los tiempos de espera para la resolución de expedientes de personas en situación de dependencia pasarán a ser de entre 20 y 30 meses.

Con las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo (RTP) de la Consejería de Salud y Asuntos Sociales para la Dirección General de Personas Mayores, con Discapacidad o en Situación de Dependencia del 24/07/12 y del 20/08/12, se suprimen un total de 93 plazas en la Región, 10 de ellas en la provincia de Cuenca. Por categorías son: 11 Psicólogos, 46 Fisioterapeutas y Terapeutas Ocupacionales, 13 Trabajadores Sociales, 12 Educadores Sociales y 11 Auxiliares Administrativos.

Para el sindicato está claro que “los ceses de interinos en la JCCM supondrá de facto la derogación de la Ley de Dependencia”.


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La marcha de los trabajadores de GEACAM es saludada con aplausos a su paso por la calle Carretería.


22 de agosto. C.A. En la mañana del 22 de agosto y bajo un sol de justicia alrededor de 100 personas, trabajadores de GEACAM y simpatizantes, iniciaron un recorrido que partía de la sede de GEACAM para finalizar en la sede del Ministerio de Agricultura en la capital conquense. A su paso por las calles de la capital los manifestantes recibieron numerosos gestos de apoyo de la población, llegando a ser aplaudidos a su paso por Carretería.
Esta es la primera de las dos marchas convocadas para los días 22 y 23 de agosto. Marián Blasco, portavoz del comité provincial de GEACAM Cuenca, explica a C.A. que el hecho de hacer una convocatoria en días consecutivos responde a la dificultad de los y las trabajadoras de esta empresa pública para acudir a una convocatoria conjunta debido a la cantidad de trabajo que tienen que asumir. Cada vez son menos los y las trabajadores con los que cuenta esta empresa pública que recientemente ha sufrido un ERE que se ha saldado con 680 despidos y ha visto cerrado y externalizado su departamento de formación. Según nos explica Marián Blasco los trabajadores de GEACAM se están viendo desbordados por la cantidad de trabajo que tienen en estas fechas en las que abundan los incendios, y más aún teniendo en cuenta que debido a la falta de trabajadores este pasado invierno no se han podido realizar suficientes labores de limpieza de montes que son imprescindibles para la prevención de incendios. La portavoz destaca el ataque que como colectivo de trabajadores están sufriendo como consecuencia de las políticas de desmantelamiento de lo público que se están llevando a cabo desde el gobierno autonómico.
Este colectivo de trabajadores y trabajadoras, cuya labor es imprescindible para el mantenimiento de los montes de la Región, contribuye activamente a mantener vivos los pueblos de la Provincia puesto que sitúan su domicilio allí donde está su puesto de trabajo, en las zonas rurales.
Ya en las puertas de la sede del Ministerio de Agricultura de la capital conquense un portavoz del comité de empresa de GEACAM ha expresado: “pedimos a los políticos que no nos mientan más, que apuesten por los pueblos, que apoyen a los trabajadores de GEACAM que se juegan la vida en su trabajo de extinción de incendios”. 

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El Comité Provincial de GEACAM convoca nuevas movilizaciones


21 de agosto. Nota de prensa/C.A. Los trabajadores de GEACAM convocan marchas para los días 22 y 23 de agosto que arrancarán a las once de la mañana de la oficina provincial de GEACAM y llegarán hasta la Delegación Provincial de Agricultura de Cuenca. Los sindicatos convocantes son UGT, SIBF y SATIF.

Los trabajadores de esta empresa pública convocan nuevas movilizaciones en protesta ante la difícil situación que atraviesan. El comité de GEACAM alerta de los recortes presupuestarios que les están afectando como empresa pública y como trabajadores del sector. Un reciente expediente de regulación se ha saldado con 680 despidos. El dispositivo “Contra Incendios Forestales” es el más afectado.

Por estas razones el Comité Provincial de GEACAM, que forma parte de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Cuenca, anima a la población conquense a sumarse a estas marchas.

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Comunicado de la Plataforma por la Sanidad Pública denunciando persecución


20 de agosto. Nota de prensa de PSPC. La Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Cuenca denuncia públicamente que a raíz de la multitudinaria y masiva manifestación del día 1 de Agosto, uniendo alrededor de 8000 personas de toda la provincia de Cuenca, están sancionando con multas a los miembros más activos y visibles de la misma con el fin de sofocar las protestas, la inquietud e indignación de los ciudadanos ante los recientes gestores de la sanidad.
  Este hecho, viene a demostrar la actitud beligerante y autoritaria que ejercen los representantes del gobierno frente a cualquier actividad ciudadana que se oponga a sus objetivos de privatización de la sanidad pública.
  Se ha iniciado un procedimiento sancionador, de momento, contra diez ciudadanos, con un importe de 600 euros para cada una de las multas, por ser presuntos autores de una FALTA GRAVE consistente en “ORIGINAR DESÓRDENES GRAVES EN LAS VÍAS, ESPACIOS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS O CAUSAR DAÑOS GRAVES A LOS BIENES DE USO PÚBLICO (SIEMPRE QUE NO CONSTITUYA INFRACCIÓN PENAL)”. Además se nos acusa de “CONCENTRACIÓN NO COMUNICADA Y PROFERIR TODO TIPO DE INSULTOS, ABUCHEOS Y SILBIDOS A DETERMINADAS AUTORIDADES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA, QUIENES TUVIERON QUE SER PROTEGIDOS POR LAS DOTACIONES POLICIALES PRESENTES EN EL LUGAR PARA EVITAR QUE PUDIERAN LLEGAR A SUFRIR UNA AGRESIÓN FÍSICA”.
  La Plataforma informa, en relación a estos hechos, que fuimos invitados a asistir a la reunión del 19 de junio en la sede de la Cámara de Comercio donde determinadas autoridades sanitarias de la región tenían el propósito de informar sobre sus acciones y planes de gestión en sus respectivos cargos de responsabilidad. Por lo tanto, varios miembros de la Plataforma se desplazaron a dicha sede para asistir a la reunión.  Una vez allí se nos denegó la entrada por portar camisetas con el eslogan “los recortes en sanidad matan”. A dicha reunión sólo pudo acceder un miembro de la Plataforma por su calidad de empresario. Debido a la creciente indignación propiciada por la absurda excusa para impedir nuestra participación en dicha reunión surgió una protesta completamente espontánea y pacífica de varios miembros de la Plataforma, a la que se fue sumando gente que pasaba por allí al conocer los motivos de la misma.
  La policía allí personada, en el caso de que las acusaciones fueran ciertas, tendría que haber actuado, cosa que en ningún momento hizo. Ni se identificó a nadie, ni se nos invitó a que desalojáramos la zona. Además en la formulación de las distintas denuncias y expedientes policiales se vulneran  los derechos más básicos de la ciudadanía, obviando incluso el propio Reglamento de procedimiento para ejercicio de potestad sancionadora. Se trata de un hecho gravísimo, propio de  épocas pasadas, que vulnera los principios más básicos plasmados en nuestra constitución.
  Tras la estupefacción inicial con la que la Plataforma acogió la llegada certificada de estas sanciones (que “casualmente” se produjo varios días después de la movilización más grande de la historia de Cuenca en el día 1 de agosto, impulsada por la misma Plataforma y en defensa de la sanidad pública) por la inverosimilitud de las acusaciones que nos imputan, faltando a la verdad en todo momento, recordamos una noticia que apareció en la edición impresa del “Día de Cuenca” el día 23 de junio (tras la protesta contra la Presidenta regional Cospedal en la UCLM de Cuenca), y cuyo titular reza “EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO QUIERE CASTIGAR LAS PROTESTAS”.
  Tanto la denuncia como el expediente policial son una muestra evidente de una absoluta chapuza, que además vulnera los derechos del ciudadano para ejercer su defensa y el propio Reglamento de procedimiento para ejercicio de potestad sancionadora.
  La Plataforma quiere denunciar la persecución de la que están siendo objeto los miembros de la misma, cuyo único delito ha sido defender la sanidad pública, la sanidad que demandan la mayoría de los ciudadanos y que se nos está arrebatando en beneficio de sus negocios, en beneficio de especuladores y mangantes, los mismos especuladores que nos han arruinado el país.
  Este hecho, lejos de amedrentarnos, nos está dando más fuerza, si cabe, para seguir defendiendo nuestra  sanidad pública, calificada por los expertos, como una de las mejores del mundo. La Plataforma también quiere mostrar su indignación ante este gravísimo hecho, perpetrado por personas que no sólo ensucian su cargo, sino que están contribuyendo y participando en el desmantelamiento de nuestro estado de bienestar.
  Queremos hacer un llamamiento desde la Plataforma a los ciudadanos para que participen y luchen contra estos abusos. Para que defiendan algo que tanto nos ha costado construir y que vemos como se desmorona día tras día.

Fuente: 

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La Plataforma por la Sanidad Pública denuncia que se está vulnerando su libertad de expresión


10 de agosto. Nota de prensa de PDSPC. La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cuenca está preparando alegaciones contra las sanciones notificadas. Durante esta semana varios miembros de la plataforma en defensa de la sanidad pública sentimos vulnerado nuestro derecho a la libertad de expresión tal y como vienen reflejado en la Constitución Española y en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos.
  Desde que el pasado 1 de agosto conseguimos movilizar cerca de 8000 personas de toda la provincia en una multitudinaria manifestación en la capital conquense, los altos mandatarios de la junta de comunidades, especialmente los relacionados con la sanidad, a través del Subdelegado de la Junta Angel Mariscal, están empezando a mover sus fichas represivas mediante notificaciones de sanciones por faltas graves que supuestamente tuvieron lugar en la Cámara de Comercio de Cuenca el día 19 de junio, cuando el gerente del SESCAM, el Gerente del Hospital, el Delegado de la Junta de comunidades y el Coordinador de servicios periféricos mantuvieron una reunión a puerta cerrada con los comerciantes de Cuenca. Se nos invitó a esta reunión, y una vez allí se nos denegó la entrada al ir con las camisetas de “Los Recortes en Sanidad Matan”, por ello nos quedamos en la puerta a esperar a un compañero, que al tener una empresa no pudieron negarle la asistencia, y como señal de protesta se inició una pitada de forma espontánea.
  Estas multas, que asciende a 600 € por persona y tenemos información de que se han enviado cerca de 20, son totalmente injustificadas, pues ni se identificó a nadie durante el acto, ni en ningún momento se puso en peligro la integridad de ninguna de las personas a las que se nombran. Se trataba de una congregación de personas de forma pacífica y espontánea, donde nuestra intención primera fue asistir a la reunión. El sin sentido de estás multas es tal que incluso Joseandrés Guijarro, compañero de la Plataforma, también ha recibido esta notificación de multa, sin ni siquiera haber estado en la puerta, sino dentro del salón de actos de la cámara de comercio, teniendo como testigos al Sr. Gerente del SESCAM entre otros. Hay gente incluso que pasaba por la calle de manera circunstancial, y también le ha llegado notificación. 
  En estos momentos los miembros de la Plataforma multados, estamos preparando las alegaciones pertinentes ante las acusaciones que negamos en su totalidad, y presentaremos la mañana del viernes 17 de agosto en la Subdelegación del Gobierno de Cuenca donde convocaremos a los medios de comunicación para transmitirla a la población.
  Por todo esto desde la Plataforma tenemos un sentimiento bipolar, por un lado tenemos la certeza que desde el día en que constituimos esta Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, vamos por el camino correcto a la hora de informar y movilizar a la gente respecto de las intenciones privatizadoras del sistema sanitario público en nuestra región. Por otro lado, nuestro pesar es ver como desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se está ejecutando una represión sobre nuestra libertad de expresión y de libre información, donde nunca hemos alterado el orden público, sino que nuestra intención siempre ha sido y será la de informar y aunar fuerzas para poder salvar uno de los sistemas sanitarios públicos más eficientes y justos del mundo.

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Nuevas acciones de la Plataforma por la Sanidad Pública tras la histórica manifestación


7 de agosto. Nota de prensa de PSPC. Ayer, como cada lunes a las 19 h, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cuenca celebró su asamblea en San Esteban. Tras la puesta en común de toda la información relacionada con la actualidad de nuestra sanidad pública, los ciudadanos que constituyen la Plataforma debatieron y consensuaron nuevas iniciativas y movilizaciones que se desarrollarán en las próximas semanas.
  A pesar de los continuos ataques a nuestro sistema sanitario público (envidia de tantísimos estados) que está llevando a cabo el gobierno regional de Cospedal a través del Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, del Director Gerente del SESCAM, Luis Carretero y del Gerente del Área Sanitaria de Cuenca en SESCAM, Rodolfo Antuña, la Plataforma afronta el futuro inmediato con renovadas ilusiones tras la lección que la ciudadanía de toda la provincia dio en la manifestación del pasado 1 de agosto, uniendo la gente de toda la provincia para luchar por nuestro legítimo derecho a una sanidad pública, universal y de calidad.
  Cabe destacar la puesta en marcha de un grupo de apoyo y asistencia jurídica para personas perjudicadas por los terribles e inmorales recortes sanitarios. Y es que puede haber personas que pierdan la vida como consecuencia de esta sinrazón que dejará sin urgencias a parte de la población del medio rural y condena al único hospital de la provincia. La Plataforma pone en servicio de la ciudadanía el teléfono 636 76 85 68 para informar y asesorar a posibles afectados, y acompañará a poner las respectivas denuncias a las personas que así lo necesiten. Desde la Plataforma informan que denunciar a los responsables directos (Cospedal, Echániz, Carretero y Antuña) de esta gravísima injusticia cuando una persona se vea dañada es un derecho del ciudadano.
  Asimismo, la Plataforma comunica que con los recientes rumores que sitúan a empresas privadas explotando nuestro hospital público -pagado con los impuestos de la ciudadanía- en los próximos meses, se está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra las personas responsables (Cospedal, Echániz, Carretero, Antuña) al entender que pueden incurrir en distintos delitos si se confirman estas “informaciones” que circulan cada día con más fuerza.
  Respecto a las miles y miles de firmas recogidas durante “la marcha ciclista en defensa de la sanidad pública”, la Plataforma informa que ha comenzado el recuento y que las presentará en el registro en el menor tiempo posible. Agradece enormemente la buena acogida de la ciudadanía de toda la provincia ante esta propuesta y los anima a que sigan participando activamente en la defensa de nuestra sanidad y nuestros derechos. Cada firma cuenta, cada persona cuenta…

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130 docentes menos en la educación pública no universitaria de la provincia de Cuenca en el curso 2011-2012


7 de agosto. Nota de prensa de AIC. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte acaba de publicar las estadísticas provisionales que muestran el número de docentes que han impartido clases directas a alumnos durante el curso 2011*. Comparando con las estadísticas del curso anterior en la provincia de Cuenca, este curso hubo 130 docentes menos impartiendo clase en la enseñanza pública, al tiempo que los centros públicos conquenses recibieron 1423 alumnos más que en el curso 2010-2011 (lo que supone un incremento porcentual del 3,8).
Aunque las estadísticas no lo aclaran, parece que no tienen en cuenta el cese de 20 o 25 docentes ocurrido cuando Marcial Marín decidió cerrar los centros de profesores a finales de febrero. Tampoco parece que incluya en las cifras que durante el curso se han dejado de sustituir una gran cantidad de bajas del profesorado por enfermedad, que quedaron durante semanas sin cubrirse, lo que supone que no han sido contratados muchos docentes, cuyo número exacto, aunque no ha sido especificado, incrementa significativamente las cifras teóricas anteriores. Del mismo modo, las estadísticas tampoco parecen recoger los más de 800 interinos que fueron cesados a finales de junio, antes de que finalizara el curso escolar, que termina con las pruebas extraordinarias de septiembre. Los alumnos que deban presentarse a estas pruebas no serán evaluados por los docentes ya cesados.
Al margen de que no hayan sido hechas estas matizaciones importantes, lo que no puede ponerse en duda es que las estadísticas desmienten las declaraciones que Marcial Marín hizo con ocasión de la huelga de profesores del 5 de octubre de 2011. Entonces afirmó que: “lejos de haber despidos de interinos este año habrá más interinos ocupando vacantes”**.
Dado que los ciudadanos no podemos disponer de los datos de la Administración hasta que ésta los hace públicos, y por ello no tenemos otra opción que confiar en la palabra de sus gestores, si estos datos se confirman, desde la Asamblea Intercentros de Cuenca esperamos que el consejero pida perdón públicamente y deshaga urgentemente los recortes o abandone su cargo. Y si no toma ninguna de estas dos decisiones, que serían las únicas honradas, esperamos que los ciudadanos –incluidos, por supuesto, los medios de comunicación– pongan en cuarentena cualquier palabra que salga por la boca del consejero.
La comparación también desvela que esos 130 docentes menos impartían clases de ESO y Bachillerato o FP. Así, en términos porcentuales, los 130 docentes suponen un 3, 6 % menos del total, pero en realidad son el 8, 9 % de los profesores de Secundaria, que son los que sufrieron los únicos recortes que se han contabilizado oficialmente.
Hay que recordar que el pasado septiembre, la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha decidió aumentar en dos horas lectivas el horario de los docentes tanto de Primaria como de Secundaria. El aumento de horario que al final se aplicó, hizo que se redujera el número de profesores de está última etapa, ya que la Consejería, asustada por el descontento que la medida estaba generando entre los docentes, optó por el “divide y vencerás” y abandonó la idea inicial de aplicar estas reducciones también a Primaria.
Precisar las etapas en las que se produjeron los recortes de docentes el curso pasado sirve para ir calculando el número de puestos que se van a perder el curso que comenzará en septiembre. El curso que viene las medidas se van a aplicar tanto en Primaria como en Secundaria. Además van a volver a aumentar las horas lectivas, pero también crecerán mucho las ratios de alumnos por aula, van a desaparecer 30 colegios rurales, se van a suprimir los apoyos de Infantil, lo que supone unos 100 profesores menos en la provincia, y ya han despedido a 13 profesores del Conservatorio.
 Siendo muy optimistas, suponemos que se reducirá en un mínimo del 15 % el número de docentes totales. Eso son 530 docentes menos, que se sumarían a los 130 del curso pasado. A esto hay que añadir de nuevo las bajas que se dejarán de cubrir, esta vez amparadas por el gobierno de Rajoy, así como la reducción pareja de interinos para sustituciones de puestos eliminados, ya que no habrá titular al que sustituir.
Cae por su propio peso que nosotros vamos a intentar parar esta sangría, sin esperar a enterarnos por las estadísticas que se publicarán en el verano de 2013 de cuántos docentes se han perdido exactamente.
Pero, con estos números encima de la mesa, el problema sobrepasa cualquier reivindicación de los docentes. Si todos juntos, las familias, los estudiantes, los docentes y opositores y el conjunto de los ciudadanos de la provincia de Cuenca no actuamos de acuerdo con la gravedad del asunto y no nos plantamos ante el desmantelamiento de nuestra educación pública en particular y de nuestros servicios públicos en general, ¿qué futuro nos espera?

En otro orden de cosas, desde la Asamblea Intercentros de Cuenca queremos aprovechar este comunicado de prensa para hacer públicas nuestras condolencias a la familia y los amigos de Jesús Cañamares. Jesús fue un gran compañero y un gran defensor de la educación pública. No le olvidaremos.


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Comunicado de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en respuesta al Director del SESCAM en Cuenca


El pasado 1 de agosto Cuenca vivió un momento histórico con una multitudinaria manifestación en defensa de la sanidad pública de la provincia, miles de personas de todo tipo de ideología, salimos la calle con una sola voz para gritar nuestro rechazo al desmantelamiento y la privatización de la sanidad pública conquense que está llevando a cabo el Partido Popular a costa de los ilegítimos resultados obtenidos en las urnas con una campaña electoral basada en mentiras.
  Por ello, el Director Gerente del área del SESCAM en Cuenca, se ha visto obligado a atender telefónicamente una entrevista para la cadena SER durante sus vacaciones, el día posterior a dicha movilización ciudadana.



  Sr. Antuña, el objetivo de un hospital no es tratar a la gente de cualquier manera y al menor precio. No me cabe duda de que en los hospitales privados donde ha sido atendido cuando lo ha precisado no ha estado ingresado en una tercera cama en una habitación pensada y dotada para dos camas. Pensamos que por ello no es consciente de la gravedad que supone ese hacinamiento donde no se trata sólo de comodidad. Los cada vez menos profesionales que atienden esos pacientes también están hartos de repetirle que con las medidas que está tomando, que no tienen la posibilidad de seguir tratando a sus pacientes “de la mejor manera posible”, ni seguir “cumpliendo los estándares de calidad asistencial”, ni seguir “manteniendo los niveles de morbilidad” que dependen, también, de las condiciones de habitabilidad de la estancia donde se mantiene ingresado al paciente. La atención no es, por mucho que insista, ni impecable ni tan buena como se hacía en los años anteriores.
  Es intolerable que justifique la existencia de terceras camas con que todos los años las ha habido, y a continuación seguir defendiendo el cierre de dos plantas completas (que hasta el mismo día de su cierre han desmentido y han atribuido a un bulo) basándose en el argumento de que en los últimos años había habitaciones continuamente vacías. No puede  equiparar el deterioro de la asistencia en una situación de epidemia (por cierto de gripe porcina o tipo A, no de gripe aviar) con el ocasionado por una decisión suya de cerrar dos plantas perfectamente operativas en un hospital necesitado hace tiempo de una ampliación, como usted mismo reconoce. Cada vez menos gente se traga que este desmantelamiento progresivo sea necesario para garantizar la supervivencia y el funcionamiento adecuado del sistema.
  Nosotros también nos preguntamos por qué se hacen estás cosas y, por mucho que insista, los intereses que paga Castilla - La Mancha no se debe al excesivo derroche en gasto sanitario, o en educación o servicios sociales, sí que lo ha habido en otros campos, pero en el único sitio donde están metiendo la tijera es en los servicios públicos. Se puede recortar en sueldos de altos cargos, en lugar de aumentarlos como ha hecho su Presidenta*, se puede recortar en corrupción en lugar de legalizarla mediante modelos de colaboración público-privada, en evasión fiscal, se puede recortar en ayudas a la banca...
  Acerca de los rumores esperpénticos a los que hace alusión no vasta con desmentirlos cuando al día siguiente son ya hechos consumados. Tales “rumores” como el cierre de las plantas 2ªB, 1ªB, el despido de interinos o el cierre e las urgencias del CEDT de Tarancón y tantos otros le hacen perder credibilidad a usted y al gobierno neoliberal de este país. Cada vez que utilizan frases como “no me consta” nos hace ver la confirmación de dicho rumor. Deberían afirmar rotundamente que NUNCA se facilitaran infraestructuras sanitarias públicas para su explotación por empresas privadas para poder calmar los “rumores”.
  Por último, nos sorprende la desviación de la información con respecto a la derivación progresiva de la población dependiente del Hospital Virgen de la Luz hacía otros hospitales de la región o el caso de la zona este de la provincia al Hospital de Requena, perteneciente al sistema sanitario de la Generalitat Valenciana, con el fin de convertir nuestro Hospital en un hospital comarcal, mucho más “rentable” con vistas a una futura gestión privada del nuevo hospital.
  Por eso, Sr. Antuña, aunque se crea que el no proporcionar información le permite mantener sus propósitos de desmantelar y privatizar nuestra sanidad pública como meros “rumores esperpénticos”, seguiremos en la calle demostrándole, cada día si es necesario, que no lo vamos a consentir.
*  Diario Oficial de Castilla – la Mancha: la partida en concepto de “Alta dirección del Gobierno de la Comunidad Autónoma” pasa de 22.026.260 € a 56.639.630€!! Casi un 300%.
*Los incrédulos pueden comprobarlo en el mismo DOCM:

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La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública responde a Antuña


La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cuenca ha publicado en su blog una respuesta a las declaraciones que el Director Gerente del Área Única de Salud de Cuenca hizo el día de ayer en una entrevista de la cadena SER (aquí). La Plataforma considera que el señor Antuña "continúa en la línea de confusión y desinformación habitual entre los gestores de nuestra sanidad" y que, por ello, es necesario dar respuesta a sus declaraciones.

  La respuesta de la Plataforma ha sido la siguiente: "Sr. Antuña, el objetivo de un hospital no es tratar a la gente de cualquier manera y al menor precio. No es “desenfocar el tiro” pretender que el tratamiento se realice en las mejores condiciones posibles o, cuando menos, con un mínimo de dignidad y comodidad. Sr. Antuña, no me cabe duda de que en los hospitales privados donde ha sido atendido cuando lo ha precisado no ha estado ingresado en una tercera cama en una habitación pensada y dotada para dos camas. Queremos ser benevolentes y pensar que sólo por ello no es consciente de la gravedad que supone ese hacinamiento, pero los que sí hemos estado o hemos tenido familiares en esas condiciones sí se lo podemos explicar. Y no se trata sólo de comodidad. Sr. Antuña, los profesionales que atienden esos pacientes (que no son los mismos que antes, sino bastantes menos) también están hartos de repetirle que con las medidas que está tomando no tienen la posibilidad de seguir tratando a sus pacientes “de la mejor manera posible”, ni seguir “cumpliendo los estándares de calidad asistencial”, ni seguir “manteniendo los niveles de morbilidad” que dependen, también, de las condiciones de habitabilidad de la estancia donde se mantiene ingresado el paciente. La atención no es, por mucho que insista, ni impecable ni tan buena como se hacía en los años anteriores. Y es precisamente de eso de lo que hablamos.
  Sr. Antuña, no se puede calificar de otro modo más que de desfachatez el minimizar la importancia de la existencia de terceras camas justificándolo en que todos los años las ha habido, y a continuación seguir defendiendo el cierre de dos plantas completas (que hasta el mismo día de su cierre han desmentido y han atribuido a un bulo) basándose en el argumento de que en los últimos años había habitaciones continuamente vacías. No pretenda que equiparemos el deterioro de la asistencia en una situación de epidemia (por cierto de gripe porcina o tipo A, no de gripe aviar) que el ocasionado por una decisión suya de cerrar dos plantas perfectamente operativas en un hospital ya de por sí necesitado hace tiempo de una ampliación, como usted mismo reconoce. Las “determinadas circunstancias” por la que se producen los colapsos son variadas, pero en este caso, y en los ya varias veces repetidos desde que ordenó el cierre de la 2ªB hace cuatro meses, tienen nombre y apellidos. Los suyos.
  Sr. Antuña, en una cosa le damos la razón. Por encima de aclaraciones y explicaciones, “las cosas son como son” y no estamos dispuestos a consentir que sigan siendo así. Y cada vez menos gente se traga que este desmantelamiento progresivo sea necesario para garantizar la supervivencia y el funcionamiento adecuado del sistema.
Sr. Antuña, nosotros sí nos hacemos la pregunta de por qué se hacen estas cosas, pero evidentemente nuestras respuestas no coinciden con las que machaconamente inundan los medios de comunicación a su servicio. El millón de euros que diariamente paga de intereses la Comunidad de Castilla – la Mancha no se debe, por mucho que insista, a un excesivo derroche en el gasto sanitario. Desde luego que ha habido mucho derroche en muchos campos, pero en modo alguno en sanidad, educación o servicios sociales que es donde únicamente se está metiendo la tijera en este último año. No es tan difícil entender, Sr. Antuña, que el actual nivel de déficit y de endeudamiento no se debe a un excesivo gasto público en los años anteriores, sino a una caída del nivel de ingresos en las arcas públicas. Una caída mayor en nuestra comunidad que ha querido basar su desarrollo en la especulación inmobiliaria (tema del que el marido de su Presidenta sabe mucho) olvidando la modernización del sector agropecuario o el impulso a la indistrialización y que el gobierno actual está terminando de hundir con el desmantelamiento del sector público y sus mal entendidas medidas de austeridad.
  No, Sr. Antuña, no es un axioma asumido por todos que haya que recortar en servicios públicos básicos. Se puede recortar en sueldos de altos cargos* (en vez de aumentarlos como ha hecho su Presidenta), se puede recortar en corrupción (en vez de “legalizarla” mediante modelos de colaboración público-privada), se puede recortar en evasión y beneficios fiscales a las grandes fortunas, se puede recortar en ayudas a la banca,… se puede recortar en muchos sitios, pero no en empleo y en servicios públicos como es lo único que se está haciendo. Porque por mucho empeño que pongan en convencernos, la sanidad pública no es una empresa privada con ánimo de lucro y nunca debe gestionarse como tal.
  Sobre los rumores esperpénticos, Sr. Antuña, no basta con desmentirlos cuando al día siguiente sus decisiones los coniverten en hechos consumados. Desmentir un día antes, o incluso unas horas antes, de llevarlo a cabo rumores como el cierre de la 2ªB, el cierre de la 1ªB, el despido de interinos, el cierre de las urgencias del CEDT de Tarancón y tantos otros le hacen perder tanta credibilidad que (como ocurre también con el Gobierno de la nación) cuando utilizan frases como “no me consta nada”, “no tengo conocimiento” o “no está sobre la mesa”, no le extrañe que la población se lo tome casi como una confirmación por su parte de dicho rumor. Sin en vez de dar tantos circunloquios afirmase rotundamente que NUNCA se van a facilitar, prestar o alquilar las infrestructuras sanitarias públicas para su explotación por parte de empresas privadas sí contribuiría a calmar esos “rumores” que, coincidimos con usted, a nosotros también nos parecen esperpénticos. Pero si, por el contrario, el desmentido se queda en que las plantas cerradas “de momento se quedan así” o que su acondicionamiento se debe a que “a lo mejor merece la pena lavarles la cara” cuando no se plantea su reapertura ni en momentos de colapso del hospital con terceras camas en hasta ocho habitaciones, los rumores seguirán circulando porque, créalo, no estamos dispuestos a consentir que dicha medida se lleve a efecto.

  Nos sorprende por último, Sr. Antuña, el interés por ser preguntado acerca del cierre del “hospital” de Tarancón, cuando la gestión y el continuo ir y venir de informaciones y desmentidos oficiales sobre el recorte de prestaciones sufrido en el CEDT constituyen un ejemplo claro de manipulación, desinformación y actitud marrullera en la gestión de un servicio público tan importante. Pretende desviar la atención sobre el desmantelamiento del CEDT con lo de Arganda, y nos sorprende también porque aquella información que difundíamos en la primera concentración en las puertas del hospital convocada por una reción constituida Plataforma ciudadana iba unida a la derivación de toda la zona sur de la provincia a los hospitales de Albacete, Villarrobledo y Alcázar, como de hecho ocurrió, y de la zona este al hospital de Requena, aun perteneciendo éste, como el caso de Arganda, a otro sistema sanitario distinto. Y uníamos estas pretensiones, siempre desmentidas desde su Gerencia, al propósito de reducir progresivamente la población que depende sanitariamente del hospital Virgen de la Luz de Cuenca convirtiéndolo de facto en un hospital comarcal, mucho más “rentable” de cara a una futura gestión privada del nuevo hospital. Sabemos que siempre han negado tales propósitos, peto como nos creemos, perdónenos, ya ninguna de sus palabras ni las de sus jefes, no nos han sorprendido las declaraciones realizadas ayer mismo, justo antes que las suyas, por el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, Sr. Echániz, sobre “la apuesta por una sanidad sin fronteras”  que supone el convenio con la Comunidad valenciana y que de facto se traduce en que los vecinos de veintidós localidades de la provincia de Cuenca (Algarra, Aliaguilla, Campillo-Paravientos, Casas de Garcimolina, Casillas de Ranera, El Arrabal, Fuentelespino de Moya, Garaballa, Graja de Campalbo, Henarejos, Higueruela, La Cañada, La Olmeda, Landete, Las Rinconadas, Los Huertos, Manzaneruela, Mira, Pedro Izquierdo, Santa Cruz de Moya, Santo Domingo de Moya y Talayuelas) dejarán de ser atendidos en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca y lo serán, no solo para urgencias, sino también para consulta y hospitalización programada, en el Hospital de Requena:
  Por eso, Sr. Antuña, aunque se crea que el no propocionar información le permite mantener sus propósitos de desmantelar y privatizar nuestra sanidad pública como meros “rumores esperpénticos”, seguiremos en la calle demostrándole, cada día si es necesario, que no lo vamos a consentir.
  Disfrute sus vacaciones y alárguelas todo lo posible con la tranquilidad del convencimiento de que no le echamos de menos".

* posiblemente sea otro bulo, pero esta vez publicado en el Diario Oficial de Castilla – la Mancha: la partida en concepto de “Alta dirección del Gobierno de la Comunidad Autónoma” pasa de 22.026.260 € a 56.639.630€!! Casi un 300%.
Los incrédulos pueden comprobarlo en el mismo DOCM:
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2011 (ver página 59502)



Fuente: 



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