La privatización del agua en Cuenca fue el eje del taller que ATTAC desarrolló en el Tinto de Verano

1 de agosto de 2013. Joseandrés Guijarro / ATTAC CLM. El pasado sábado 27 de julio en Alconchel de la Estrella (Cuenca), en el marco de la Escuela Tinto de Verano organizada por CGT, Baladre y Ecologistas en Acción, se desarrolló desde ATTAC un taller de formación sobre el Agua. 

En el taller contamos con la presencia de Pilar Esquinas, abogada experta en Derecho de Aguas y conocida activista del 15M madrileño. Pilar Esquinas es miembro de Aquattac y delegada de ATTAC España en la Red Agua Pública (RAP) que aglutina a nivel estatal los movimientos de lucha contra la privatización del agua. Ha sido la responsable jurídica del reciente plebiscito ciudadano en Madrid sobre la sanidad pública y se encuentra en continuo viaje por toda la geografía nacional prestando apoyo jurídico y legal a los movimientos ciudadanos espontáneos que están surgiendo frente a la mercantilización del agua. 

Cada vez hay más voces que reclaman el suministro de agua potable y el saneamiento como un derecho humano, incluida la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 64/292 de 28 de julio de 2010). Sin embargo, poco se hace desde las administraciones públicas por garantizar el acceso de todos en este planeta a dicho derecho. A la vez, el agua es el bien de consumo perfecto para la avidez capitalista que, desde hace décadas, intenta privatizar el acceso al agua potable y concentrarlo en unas pocas manos. La mercantilización del agua y la privatización de su gestión ha sido desde hace décadas uno de los condicionantes prioritarios del Banco Mundial y el FMI en las renegociaciones de las deudas externas y en los últimos años la crisis financiera en Europa ha permitido un salto cualitativo en el proceso de expropiación del derecho al agua y al saneamiento, creando, especialmente en nuestro país, una verdadera burbuja hídrica sobre la que se está cargando la deuda pública generada por la anterior burbuja inmobiliaria, siendo, en ambos casos, los mismos los beneficiarios. 

Desde numerosos movimientos sociales, como los reunidos en el Tinto de Verano, reclamamos que los derechos ciudadanos no pueden ser objeto de cobro y tienen que ser garantizados por las administraciones públicas a cargo de los presupuestos generales. Debemos exigir el acceso gratuito a un mínimo necesario para garantizar las necesidades más básicas, calculado por la ONU entre 50 y 100 litros por persona/día. Aunque la ONU asume el pago directo por el acceso a ese derecho humano, considera indispensable que dicho coste en ningún caso supere el 3% de los ingresos de la unidad familiar, algo que en nuestro entorno en las condiciones actuales se supera ya ampliamente en numerosos casos. 

En cualquier caso para garantizar el acceso al agua potable, la autogestión necesaria para la soberanía alimentaria y el caudal ecológico de nuestros cauces, es imprescindible mantener una gestión 100% pública, eficiente, transparente y abierta a la participación ciudadana. La exclusión del agua de la futura Directiva Europea de Concesiones gracias a la primera Iniciativa Ciudadana Europea que recoge más de un millón de firmas es un importante reflejo de la concienciación ciudadana respecto al agua, pero en modo alguno despeja los riesgos sobre la enajenación de este derecho básico. 

También es necesario estar alerta de las estrategias utilizadas por colectivos, en principio defensores de la gestión “pública” del agua, pero cuyas acciones favorecen esa progresiva privatización incompatible con la consideración real del agua como un derecho humano de todas. Esas estrategias envenenadas son los falsos conflictos entre territorios por el acceso al agua de un cauce compartido o mediante trasvases entre cuencas, la llamada “economía de escala” que aleja el control de su gestión de la ciudadanía y facilita la subcontratación de servicios a empresas privadas en manos de las grandes multinacionales del sector, y la privatización de la gestión municipal mediante sociedades anónimas de titularidad municipal. 

Este último, como el caso de Cuenca, por el que ATTAC España decidió en su última Asamblea estatal desvincularse de AEOPAS tras su apoyo al cambio de gestión del agua conquense, es el que suele emplearse como paso inicial de la privatización en aquellos lugares con mayor presión social o gobernados por partidos que en otros ámbitos pretenden declararse defensores de la gestión pública del agua, ya sea PSOE o IU, pero que instala claramente la mercantilización del agua y carga sobre su acceso la deuda generada por la nefasta gestión anterior, obligando de facto mediante su endeudamiento a la posterior enajenación de su gestión. 

Durante el taller se destacó la importancia de la formación y concienciación ciudadana y la movilización frente a las administraciones que venden los derechos ciudadanos a las grandes empresas que financian las campañas electorales y los sobresueldos de los partidos que gobiernan dichas instituciones, pero se hizo especial hincapié en la importancia de la actuación judicial presentando contenciosos administrativos frente a las numerosas irregularidades que suelen contener los procesos municipales de cambio de gestión. Son numerosos los procedimientos que están abriendo en este sentido, destacando el más reciente, presentado en Zaragoza y el que próximamente se llevará a cabo en Cuenca.

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