21 de febrero de 2013. Nota de prensa. La Plataforma del Ferrocarril Público y Social de Cuenca recuerda que de conformidad al calendario establecido por el Ministerio de Fomento sobre las obligaciones de servicio público en los ferrocarriles regionales, a finales de marzo se van a reorganizar los trenes que circulan por nuestra provincia.
Al ser el ferrocarril un servicio público esencial para nuestra provincia, cualquier tipo de decisión sobre nuestro futuro debe ser transparente y, en este sentido, desde la Plataforma del Ferrocarril se advierte que, durante el proceso de decisión sobre los trenes de Cuenca, hubo varias discrepancias con el ministerio de Ana Pastor. Discrepancias, no confrontadas desde los despachos con los ciudadanos de Cuenca, respecto a los estudios obsoletos que utilizaba la consultora INECO, los criterios exclusivamente economicistas que aplicaron y, por último, sobre la fortísima desviación entre el número de viajeros que computó el ministerio y el registrado por la Plataforma del Ferrocarril, discrepancias que fueron puestas a la comprobación de todas las personas interesadas.
En el presente, las comunidades autónomas implicadas en la declaración de las Obligaciones de Servicio Público han comenzado un proceso de negociación con Fomento, un proceso sobre el que reclamamos la máxima transparencia democrática posible. Por esto, dada la cercanía de la fecha en la que debe adoptarse una nueva decisión sobre nuestro tren, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca se interesa por conocer: 1) qué trenes se van a prestar, 2) cuáles van a ser los horarios, 3) si se van a suprimir paradas en algunas localidades y si, por fin, 4) los trenes van a comenzar y finalizar su recorrido todos los días en Madrid-Atocha.
Por último, recordó Cobos que, desde sus primeros días, la Plataforma de Ferrocarril ha sido transparente compartiendo con todos los ciudadanos e instituciones interesadas los datos y estudios que disponía y había elaborado. En este sentido, desde la Plataforma se solicita que cualquier tipo de decisión futura sea consensuada con las personas que utilizan el ferrocarril.
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