23 de febrero de 2013. Nota de prensa. Aunque desde la Federación
de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO a nivel estatal ya se había dado
la voz de alarma sobre la posible venta de montes públicos por parte del
gobierno de Cospedal, ahora tras la denuncia realizada por Ecologistas en
Acción y el informe que se ha conocido con la lista de montes de utilidad
pública (MUP) que pueden ser vendidos, se ha insistido desde la FSC Cuenca en
su reivindicación de que no se acometa lo que han venido en calificar como una “nueva
desamortización” que traerá consecuencias medioambientales y sociales.
Según estas
informaciones en Cuenca serían susceptibles de venta algo más de 5.000
hectáreas de Montes de Utilidad Pública, un 22% del total provincial, en los
términos municipales de Aliaguilla, Mira, Sotorribas, Albendea, Alcantud,
Arandilla del Arroyo y Beteta.
“El
gobierno de Cospedal no parece dejar parcela o patrimonio público donde aplicar
su doctrinario ultraliberal y ahora les puede tocar a los montes públicos”,
señalaron desde la FSC CCOO, para hacerse la siguiente pregunta: ¿no sería
mucho más natural, lógico y solidario recaudar a través de impuestos sobre las
rentas del capital y sobre las personas y organizaciones empresariales que
ostentan la mayor parte de las riquezas de nuestra región, en lugar de destruir
y perder para siempre lo de todos y todas?.
Recordaron las consecuencias de las desamortizaciones
del siglo XIX y concretamente la del ministro de Hacienda, Pascual Madoz en
1855, cuando se malvendieron a precio de saldo montes públicos y vecinales y pasaron de “manos
muertas” a "manos vivas", manos que pertenecían a algo así como los especuladores
de aquella época.
“El resultado,
- señalan -, no fue el esperado y no se logró dinamizar la economía local, muy
al contrario, generó un importante impacto social y ambiental debido a la tala
desproporcionada y roturación sin medida de unos montes que no aceptaban, por
cuestiones ambientales, ni lo uno ni lo otro”.
“Así que casi un siglo y medio de leyes, catálogos, planificación y gestión de
unos montes que se salvaron de la deforestación por su indudable valor
ambiental y socioeconómico, parece que pueden caer en manos privadas, o lo que
es lo mismo, dejarán de estar al servicio y beneficio del conjunto de la
ciudadanía, y pasarían a estar al servicio y disfrute de unos pocos. De nuevo
pasarán de "manos muertas" a "manos vivas"”, sentenciaron
desde la FSC CCOO.
Por eso reiteraron su demanda de que los montes
catalogados como de utilidad pública “sigan siendo de titularidad pública,
inalienables, como actualmente los define la actual Ley de Montes, así como a
proceder a su adecuada gestión, siempre desde lo público, para que sigan
produciendo, aún con mayor eficacia, los beneficios económicos, sociales y
ambientales que de ellos se espera a través de una suficiente inversión que
genere empleo y riqueza, que tanta falta hace en nuestra región”.
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