Entrando, Miguel, si te parece, directamente
en el asunto, ¿nos podrías decir qué aspectos son, según tu opinión, los más
rechazables del cambio de gestión del agua propuesto por el Ayuntamiento de
Cuenca?
El agua es un recurso básico. Tal y como se dice en una campaña que
se está desarrollando en estos momentos por parte de sindicatos, organizaciones
sociales y grupos ecologistas en la Unión Europea, el suministro de agua y el
saneamiento es un derecho humano y debe ser la gestión pública la que garantice
estos servicios esenciales.
Lo que quiere hacer el Ayuntamiento de Cuenca es una mercantilización de este
servicio, al margen del instrumento jurídico que utilicen, es un negocio, con
el que intentan obtener dinero para hacer frente a problemas que nada tienen
que ver con este servicio y que no han sido generados por su prestación desde
la gestión pública, que aunque sea deficiente, puede ser mejorada sin necesidad
de cambiarla. Y este negocio lo van a financiar todas las personas de Cuenca a
través de las tarifas del agua. Nadie va a regalar nada al Ayuntamiento, ni la
empresa que gestione el servicio, ni los bancos que presten el dinero, que por
supuesto recuperarán lo prestado con intereses de usura, que es lo que están
haciendo en estos momentos.
Que se financien, a través de la prestación de este servicio
básico, otras actividades del Ayuntamiento y se paguen las deudas generadas por
una mala gestión anterior, es una perversión por principio. El dinero que
pagamos por el agua debe tener
como fin exclusivo financiar el servicio, con un sistema de tarifas que
garantice este derecho a todas las personas, facilitando a bajos precios ó
incluso de forma gratuita a las personas mas necesitadas, la cuota básica de
consumo de agua por persona, que expertos señalan que podía estar entre 30 y 40
litros/día, y a partir de ahí, ir gravando de forma progresiva los mayores
consumos.
Luego están otras cuestiones que deberían tenerse en cuenta: el
hecho de que el agua no es un bien natural renovable, que hay que sopesar cuestiones ecológicas importantes y que estos servicios municipales, al
margen de la forma de gestión que
se utilice, se hace bajo la condición de monopolio natural, por lo que no sirven
todos los argumentos que se utilizan para justificar que estos servicios se
gestionen bajo la lógica del mercado, como hacen los privatizadores.
La gente que no está familiarizada con los
términos técnicos podría tener dificultades a la hora de comprender qué es lo
que está en juego en este cambio de gestión, ¿cómo explicarías, para que lo
pudiera entender cualquiera, qué es el canon que la empresa pública pagaría al
Ayuntamiento y qué significa que el agua de todos se convierta en aval de la
deuda del Ayuntamiento?
El Alcalde y los miembros del equipo de gobierno municipal, han
reconocido que el principal objetivo de este cambio de gestión que proponen, es
tratar de aliviar la situación económica del Ayuntamiento, que tiene una enorme
deuda. Para ello, se plantean que la empresa que gestione el agua adelante un
canon que cifran en una cantidad que no será inferior a los 15 millones de
euros.
Tal y como reconoce el Alcalde, es el primer caso en toda España,
en el que se pretende utilizar la creación de una empresa mercantil con capital
100% municipal para cobrar un canon. Los ayuntamientos que se han planteado
conseguir dinero a través de un canon, siempre han optado por la concesión a una
empresa privada durante un largo período de tiempo.
Ese canon lo piensan financiar a través del endeudamiento de la
empresa que gestione el servicio. Es decir, quieren solucionar el problema del
endeudamiento del Ayuntamiento, no desde un nuevo modelo de gestión
presupuestaria, sino recurriendo a más endeudamiento; pero como desde el
Ayuntamiento no lo pueden hacer porque el Plan de Ajuste no se lo
permite, recurren a que sea la empresa municipal la que se endeude, porque
piensan que eso sí que se lo permitirá el Gobierno. Digo esto, por la sencilla
razón de que el Ayuntamiento de Cuenca es un Ayuntamiento intervenido por el
Gobierno central, consecuencia de la aplicación de las leyes de estabilidad
presupuestaria, derivadas de la modificación del artículo 135 de la
Constitución Española aprobada por el PP y El PSOE en el año 2011. En cualquier
caso, la deuda, sea del Ayuntamiento sea de la empresa municipal, la vamos a
pagar la ciudadanía.
Efectivamente, el banco que preste el dinero a la empresa municipal
para el canon tendrá la garantía de que esta empresa se quedará con toda la
recaudación del servicio de aguas que pagamos las personas de Cuenca. Ese va a
ser su principal y casi único activo.
Pero vamos a la pregunta, ¿qué es el canon? El canon no es un
regalo que hace al Ayuntamiento la empresa a la que se le encarga la gestión
del servicio. El canon es una compensación o un adelanto que la empresa hace al
Ayuntamiento para que este haga frente a las inversiones realizadas pendientes
de repercutir en el precio del agua (correspondientes a instalaciones que se
encuentran en funcionamiento y en curso de amortizar) y a la necesidad de
efectuar inversiones en el servicio que serán costeadas íntegramente por el
Ayuntamiento a lo largo de los 25 años que dure la encomienda de gestión, (en
el caso que nos proponen) o la concesión en el caso de que fuera una empresa de
capital privado. El canon debe establecerse por ello tras una valoración con
criterios objetivos, para retribuir al Ayuntamiento por la utilización que va a
hacer de los bienes afectos al servicio la empresa que lo gestione (sea pública
o privada).
Para que se entienda mejor: el Ayuntamiento va a dejar de ingresar
el dinero que recauda actualmente por el suministro, el alcantarillado y la
depuración, que es una cifra cercana a los seis millones de euros anuales. Este
dinero lo ingresara la empresa que gestiona el servicio, pero el Ayuntamiento
sigue manteniendo la obligación de conservar en perfecto estado todos los
bienes afectados al mismo y también la de hacer frente a las nuevas inversiones
que sean necesarias. Para ello, cobra un canon por adelantado o un canon anual
que, lógicamente y desde el criterio de muchos interventores municipales,
debería estar afectado al servicio y no dedicarlo a otras cosas.
Como el Ayuntamiento no tiene un inventario de bienes actualizado,
ni ha definido con claridad las inversiones que serán necesarias en los 25 de
años de encomienda o de concesión, el canon se calcula través de los flujos de
caja de la empresa que gestiona el servicio durante esos 25 años.
Por eso, aquellos que nos oponíamos a estos procesos (incluido el
PSOE de Cuenca en legislaturas anteriores), afirmábamos que si lo que el
Ayuntamiento ingresa por el canon no se destina al servicio, se está provocando una evidente descapitalización del mismo.
¿De qué modo va a afectar el cambio de gestión al recibo del agua?
En el año 2013
se incrementan las tarifas un 18% con respecto a las del año 2012, y la promesa
de que durante los 25 años que dure la encomienda no se elevarán más que el
IPC, no deja de ser una promesa que puede ser incumplida cualquier año que el
Pleno del Ayuntamiento decida incrementarlas más, por nuevas necesidades que
puedan surgir.
El PSOE de Cuenca afirma que el cambio de
gestión no supone una privatización porque el abastecimiento del agua estará en
manos de una empresa pública municipal, ¿hasta qué punto podemos hablar de
privatización aunque la empresa sea pública?
Es cierto que la empresa va a ser de capital 100% municipal y que
esta empresa (SIM´c) ya está creada. Pero precisamente, esta empresa se creó en
el Ayuntamiento de Cuenca no para hacer una gestión pública, sino para
privatizar servicios, pues su única función era la de subcontratar obras y
servicios con empresas privadas, huyendo del derecho administrativo, que según
dicen es un obstáculo. Además esta forma de gestión a través de una empresa
“pública” ha supuesto un
encarecimiento de los servicios que hemos pagado la ciudadanía y que denunció
el propio Tribunal de Cuentas. Algunos han cifrado esa sobrefacturación en un
millón de euros anuales aproximadamente, dándose además una duplicidad entre la
empresa y los propios servicios municipales. Defender la gestión de los
servicios que ha hecho la empresa
SIM´c es contribuir de una manera especial al desprestigio de lo
público.
Por otra parte, estas empresas se rigen por el derecho privado,
pero lo que define con más precisión este caso es el establecimiento de un
canon. No se crean empresas municipales para gestionar servicios con el
objetivo de ingresar un canon. Se crean porque los que así lo acuerdan
entienden, con mayor o menor fortuna, que
es la mejor forma de gestionar el servicio. El establecimiento de un
canon, que es cobrar por
adelantado las retribuciones que la empresa debe dar al Ayuntamiento durante
los 25 años de encomienda de gestión, hace que estemos ante una solución
similar al de la concesión administrativa o privatización que quería hacer el PP en legislaturas
anteriores.
Otra cuestión importante es que los precios que nos cobran por el
servicio de aguas dejarán de ser tasas y pasarán a ser precios privados. Esto
es importante, porque en las tasas la ley prohíbe que se recaude más que lo que
cuesta el servicio y tal y como lo plantean ahora, lo que hacen es un negocio
con el que obtener beneficios, por ello las tarifas serán precios privados.
Otro aspecto importante, y que deja al descubierto las supuestas
“bondades” de esta propuesta, es todo lo referente a los estudios de costes del
servicio que figuran en los diferentes documentos que se han elaborado por el
servicio de intervención municipal. Existen cuatro referencias distintas, la Memoria para el cambio
de gestión, los informes técnico - económicos de las ordenanzas fiscales que
rigen el servicio (Suministro, Alcantarillado y Depuración), el Plan de
Ajuste aprobado y la Cuenta General del año 2011. Pues bien, no
coinciden los datos en ningún caso.
Hablando de las previsiones para el año 2013, en la Memoria expuesta al
público, se cifran los costes del servicio en 3.779.299 euros (no se incluye
nada referente al canon) y en los informes técnico - económicos de las
ordenanzas, los costes del servicio serían de 7.232.094 euros. Como se observa,
hay muchas diferencias.
En mi opinión (podría argumentar con datos concretos), en los
informes técnico - económicos de las tasas se están inflando artificialmente
los costes con dos objetivos: asegurar beneficios a la empresa que gestione el
servicio y salvar la prohibición que establece la ley de haciendas locales en
el sentido de que no se puede recaudar más dinero de lo que son los costes del
servicio.
Ante todo esto, el PSOE dice que no es una privatización ya que la empresa sería de capital municipal
100%. Pero queda claro que el objetivo que plantean es el mismo que si se
tratara de una concesión administrativa a una empresa privada y el debate
planteado de esa forma puramente retórica por parte del PSOE puede ser una
trampa.
¿Piensas que los ciudadanos debemos oponernos
a las privatizaciones y mercantilizaciones del agua tanto en Cuenca como en
cualquier otra parte? ¿Qué hay de malo en ello como para que debamos
movilizarnos en contra de estas políticas?
Por lo dicho anteriormente creo que hay que oponerse a estas formas
de gestión que nos proponen y por supuesto las movilizaciones que se lleven a
cabo para tratar de impedirlo son más que necesarias.
El propio Ayuntamiento reconoce que el motivo
fundamental de la propuesta de cambio de gestión del agua es saldar la deuda
contraída por el Ayuntamiento, ¿Cuál es el origen de la deuda actual del
Ayuntamiento?
La deuda está originada por una gestión nefasta basada
principalmente en la especulación inmobiliaria. Durante los últimos años, hasta
que explotó la “burbuja inmobiliaria”, el Ayuntamiento de Cuenca estaba
recaudando mucho dinero a través de la venta de los aprovechamientos
urbanísticos públicos. Esto era otra forma de privatización contra la que
algunos hemos peleado durante los años de “bonanza” económica, denunciando que
se estaba creando un modelo de gestión económica del Ayuntamiento INSOSTENIBLE.
Obras totalmente innecesarias, como el Bosque de Acero, y la gestión de los servicios a través de la
empresa fantasma SIM´c, financiados con esos ingresos extraordinarios
procedentes del urbanismo. Y lo que ocurre es que cuando esos ingresos
desaparecen, surgen graves problemas, hasta el extremo de llegar a una deuda de
65 millones de euros.
Por cierto, destacar que esta deuda ha sido generada por la gestión
de los dos partidos mayoritarios: PP y PSOE. Es cierto que en la última
legislatura el endeudamiento se incrementó en 25 millones de euros, pero se
hizo con el voto a favor del PP y del PSOE y el voto en contra de IU.
¿Qué alternativas existen en estos momentos para resolver el problema de liquidez que plantea la deuda?.
¿Qué alternativas existen en estos momentos para resolver el problema de liquidez que plantea la deuda?.
¿Qué alternativas existen? Cuando plantean esa pregunta o cuando
exigen que se den alternativas, deberían aclarar en primer lugar qué problemas
quieren solucionar. En segundo lugar, lo que habría que saber es con qué
márgenes de actuación y en el marco de qué políticas se deja intervenir a los
ayuntamientos.
La deuda es enorme, los intereses que los bancos cobran son muy
elevados y los gobernantes del Ayuntamiento crearon una estructura
presupuestaria sin financiación suficiente. ¿Qué se puede hacer con esos
condicionantes? La verdad es que poco, pero ellos mismos se han puesto los
límites. ¿Se pueden aumentar mucho más los ingresos?, ¿se pueden reducir gastos
corrientes sin necesidad de despedir a nadie?
Hicieron un Plan de Ajuste que en teoría tenía
los objetivos de eliminar el déficit y pagar la deuda y en el que no se
contemplaba lo que quieren hacer ahora con el servicio de aguas. Sin embargo sí
que se barajaba la posibilidad de liquidar la empresa SIM´c, por lo que yo
preguntaría entonces, ¿qué de nuevo ha pasado desde que se aprobó ese Plan
de Ajuste?
En resumen, en mi opinión estrictamente personal, no tienen derecho
a exigirnos alternativas si nos imponen unos límites de las políticas a
realizar, límites que no se pueden compartir ni admitir, porque impiden
soluciones justas socialmente.
Desde la alcaldía se defiende el cambio de
gestión como medida para evitar el despido de un número no determinado de trabajadores municipales, ¿Qué
consideración moral y/o política te merece la disyuntiva que presenta el
Ayuntamiento?
Es cierto que el Ayuntamiento está en una situación crítica. Ellos
la han provocado en la última década. Ellos se han puesto la soga al cuello.
Ellos han creado una estructura presupuestaria basada en ingresos coyunturales.
Ellos se han sometido a la intervención del gobierno central con el Plan de Ajuste. ¿Ahora qué? Culpar a los que nos
oponemos a este cambio de gestión es seguir la misma estrategia de los que
dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que hay que
aceptar los recortes. Es culparnos a los que no tenemos culpa alguna, de los
desmanes que ellos mismos han cometido.
Que busquen soluciones sin someterse a las políticas de austeridad
impuestas por la Troika Comunitaria y por el Gobierno de
España. Si no las encuentran, será quizás porque en el marco de esas políticas
no existan. Pero los responsables son ellos. Que se sienten con los
representantes de los trabajadores municipales a buscar soluciones y que asuman
que no hay retorno posible al pasado más reciente. Que hace falta otro modelo y
no recurrir a estas soluciones “imaginativas” que pagamos la ciudadanía y que
no resuelven los problemas de fondo, problemas que volverán sin duda, aunque,
de momento, hagan caja para resolver coyunturalmente los problemas de tesorería
que tienen.
El PSOE de Cuenca no llevaba esta propuesta
en su programa electoral. ¿No es incoherente criticar al gobierno nacional del
PP por no cumplir su programa y luego presentar propuestas de gran calado que
no se llevaban en el propio?.
Ya nos tienen acostumbrados a estas cosas a las que deberíamos
poner freno, castigando en los procesos electorales estas formas de actuar.
¿Crees que la ciudadanía ha tenido tiempo e
información suficientes para crearse su propia opinión sobre el tema? ¿Qué
opinas de la rapidez con la que se quiere llevar a Pleno una decisión tan
importante?.
No, el procedimiento está siendo muy rápido. En los documentos
sometidos al trámite de información pública se ocultan cuestiones muy importantes.
Se trata de cobrar un canon al que no se hace ninguna referencia en la Memoria. No sabemos
cómo calcularán ese canon, tampoco sabemos en qué consistirá el acuerdo de
“encomienda de gestión” que el Ayuntamiento debe hacer a la empresa, ni cuál será
el régimen jurídico de los bienes e instalaciones del Ayuntamiento que se deben
entregar a la empresa.
Por todo ello, creo que el proceso no está siendo transparente,
parece que tienen mucha prisa y que lo van a aprobar opine lo que opine la
ciudadanía.
.El caso de Cuenca no es único. Hay otros
muchos sitios no sólo en España sino en el mundo donde se ha privatizado o se
está intentando privatizar el agua…¿Por que la gestión municipal del agua de un
tiempo a esta parte se ha convertido en un asunto de primera importancia para
las políticas municipales. ¿Es el caso de Cuenca un caso especial?.
Es cierto que la privatización del agua está muy extendida, también
a nivel español. Ello obedece a las políticas liberales que se viene
implantando desde los años 70 del siglo pasado. En España el modelo más
extendido es el llamado “francés” que es el modelo público-privado, a través de
concesiones a empresas privadas, o de empresas mixtas.
La gestión del agua, que como he dicho antes se presta bajo la
condición de monopolio natural, es
un negocio asegurado para las empresas que se quedan con el servicio. Los
ayuntamientos recurren a ese modelo para conseguir dinero rápidamente a través
del canon inicial, que al final supone, como se esta demostrando con hechos
concretos en muchas ciudades, unos costes muy caros para los usurarios.
En nuestras viviendas, no tenemos varios grifos de distintas
empresas para poder elegir el agua que nos sale más barata. Quedamos
prisioneros de la gestión privada de un monopolio natural durante 25 o más
años, porque esa empresa ya ha retribuido al Ayuntamiento, mediante el canon
inicial, por todo el periodo de concesión. Y el Ayuntamiento de forma
irresponsable se gasta ese dinero en atender otras necesidades ajenas al
servicio de aguas.
En España también hay empresas de capital 100% municipal que
gestionan el servicio. Pero lo que
hace que lo de Cuenca se parezca más a una concesión a una empresa privada, es
que se plantee como objetivo principal cobrar un canon para hacer frente a los
problemas económicos del Ayuntamiento. Como reconoció el Alcalde, es un caso
único en España, nunca se ha creado una empresa municipal para cobrar un canon.
Has sido concejal del Ayuntamiento y conoces
bien los entresijos de la política municipal conquense. No es la primera vez
que se intenta privatizar el agua de Cuenca, ¿Cuál es la historia de los
intentos de privatizar el agua en Cuenca y qué respuesta ciudadana ha habido en
otras ocasiones?
En la legislatura pasada el PP intentó la privatización, pero no se
pudo ni iniciar el procedimiento, ya que uno de sus concejales se opuso, como
mucha gente recuerda, por ser más reciente y por lo llamativo del caso.
Pero además cuando fui concejal por IU en la legislatura de 1995 a
1999, el PP llevó a cabo dos intentos de privatización, que no fueron posibles
gracias a que conseguimos pararlo en los tribunales. No porque la privatización
sea ilegal, sino por errores que cometieron en el procedimiento.
En ambos casos se crearon plataformas ciudadanas, en las que
participaban el PSOE e IU, sindicatos y asociaciones de vecinos. Ahora parece
que algo ha debido cambiar.
En la legislatura en la que fui concejal, trataban de hacer una
concesión administrativa a una empresa privada, del suministro y el
alcantarillado por 25 años, igual periodo de tiempo que en este caso, aunque
ahora se trate de una encomienda de gestión a una empresa municipal. También se
trataba de cobrar un canon inicial que entonces era de 1.850 millones de
pesetas y un canon anual del 3,5% de la facturación. Como vemos un objetivo
similar al de ahora. El canon inicial pretendían gastarlo en un único ejercicio
presupuestario, el de 1998, y en actuaciones que nada tenían que ver con el
servicio de agua, igual que ahora.
Estuvimos en torno a un año “enredados” con este asunto en el
Ayuntamiento. En el primer intento, presentamos un recurso conjunto el PSOE e
IU y el Tribunal anuló el procedimiento que ya se había aprobado por el Pleno
en junio de 1998, al entender que el concejal de Hacienda que trabajaba en el
servicio de aguas, debería haberse abstenido en la votación.
Este concejal renunció a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento y
se inició un segundo procedimiento, que se aprobó en marzo de 1999. Contra este
segundo procedimiento presenté recurso contencioso administrativo como
concejal de IU, al entender que se habían vulnerado mis derechos
constitucionales, debido a que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento no me
facilitaba datos que eran imprescindibles para el cálculo de los precios del servicio
y también para calcular la cuantía del canon.
La sentencia salió cuando faltaba aproximadamente un mes para las
elecciones municipales de 1999 y estimando mi recurso anuló este segundo
procedimiento. La verdad es que el tema paso inadvertido para la inmensa
mayoría de la población, porque los medios de comunicación más importantes de
Cuenca no dijeron nada, no les debía gustar lo que hacíamos los de IU de
Cuenca, porque no informaban de nada de nuestras actividades. Tampoco existían
entonces las redes sociales de ahora.
En aquellos años, en la privatización no estaba incluida la
depuradora porque estaba privatizada. Es bueno recordar esto, porque es un
ejemplo claro de lo que supone el modelo público-privado que tanto nos venden.
Este fue uno de los primeros casos en esta ciudad.
La construcción de la depuradora era una obligación impuesta por
las normas comunitarias y se financiaba en un 75% con fondos europeos y el otro
25% a cargo del Ayuntamiento. El gobierno municipal de entonces, del PSOE, en
la primera legislatura de Cenzano, hizo una concesión a una empresa privada
para que financiara el 25% del presupuesto que correspondía al Ayuntamiento y a
cambio se quedara con la gestión de la depuradora durante ocho años, en los que
cobraría al Ayuntamiento un canon fijo y otro variable en función del agua que
entrara para su depuración. Nos salió muy caro esto a la gente de Cuenca,
porque la empresa privada puso unos 230 millones de pesetas para construir la
depuradora, y en los ocho años que la gestionó le pagamos a través de la tasa
por depuración 450 millones. Buen ejemplo para demostrar que los que dicen que
lo público-privado nos sale más barato, nos están mintiendo.
Hay que decir también que cuando el Ayuntamiento recuperó la
gestión directa en el 2004 debería haber bajado la tarifa del servicio y no la
bajó.
Pensando en términos de futuro, si el Pleno
del próximo jueves, 27 de diciembre, aprueba el proyecto, ¿Qué podrá hacer la
ciudadanía para evitar que se lleve a cabo o, en su defecto, para minimizar las
consecuencias negativas del cambio de gestión?.
Si el pleno lo aprueba, como es previsible, en mi opinión habría
que intentar que las organizaciones que se han personado en el procedimiento
haciendo alegaciones, que serían las únicas legitimadas jurídicamente, trataran
de ponerse de acuerdo y estudiar las posibilidades de iniciar actuaciones para
conseguir la nulidad de este procedimiento. Yo creo que como estamos ante un
experimento nuevo, seguro que hay resquicios sobre los que actuar. Esto debería
hacerse además con el apoyo de todos los que se oponen a la gestión privada.
Si finalmente se aprueba lo que quieren hacer, incluida la
encomienda de gestión y el cobro de un canon, lo de minimizar las consecuencias
lo veo difícil.
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