16 de diciembre. Nota de prensa. Ecologistas en Acción, de esta manera, apoya las movilizaciones de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Cuenca de la que forma parte. Considera inadmisible que se pretenda financiar la deuda del Ayuntamiento con un bien público y de primera necesidad como es el agua. Este intento de implantar un impuesto indirecto no progresivo y en la sombra, supondrá una carga inaceptable para las familias con menos rentas. Además abre la puerta a la entrada de empresas privadas.
En sentido estricto (todavía) no se puede hablar de una privatización. Si bien la gestión indirecta del agua en Cuenca a través de una empresa, supone (para la organización ecologista) dos perversiones:
- Es injusta: No solo se pagará el servicio sino una cantidad adicional, puesto que (como ha reconocido el propio Alcalde) este cambio de gestión es para conseguir solucionar los problemas de deuda del Ayuntamiento. Es cierto que el ciudadano medio (de momento) podrá seguir pagando el agua pues su recibo no supondrá una cantidad significativa con respecto a su renta. Pero para los más vulnerables: mayores, jóvenes, parados de larga duración, trabajadores precarios, etc., el pago del agua puede suponer un auténtico quebranto para su precaria economía. Se trata, por tanto, de un auténtico impuesto encubierto indirecto y no progresivo. Dicho de otra manera: la deuda del Ayuntamiento la van a pagar (sobre todo) los que menos tienen, permitiendo a los más ricos pagar (comparativamente) mucho menos, garantizando, de esta manera, que se mantengan sus privilegios. Es decir, se trata, una vez más, de que las clases populares se hagan cargo de una deuda que no han generado y que les condena a más pobreza. Mientras, los culpables de la deuda de este Ayuntamiento, es decir, los sucesivos gobiernos del PP y el PSOE y sus cómplices: las empresas de la obra pública y del sector del ladrillo, se van de rositas.
- Se vulnera el derecho al acceso al agua de todos: El agua es un bien común y con ella no se debe hacer negocio. El acceso al agua es un derecho fundamental del ser humano. El agua es vida y como la vida no es una mercancía. Una administración pública no debería hacer negocio con el agua. La asunción del agua como un bien común conlleva considerarla como un patrimonio del planeta, que debe ser gestionado a partir de los criterios de solidaridad, cooperación mutua, acceso colectivo, equidad, control democrático y sostenibilidad, que son, a todas luces, incompatibles con cualquier aproximación mercantil.
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Fotografía de: http://www.ecobierzo.org/?p=16558
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