13 de diciembre. Nota de prensa. La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos rechaza el cambio de gestión del agua propuesto por el Ayuntamiento de Cuenca por tratarse de una privatización de este bien público.
La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Cuenca considera el agua potable de la ciudad un servicio público de primera necesidad y como tal se opone con contundencia a los planes de privatización de su gestión por parte del Ayuntamiento de Cuenca.
La Plataforma advierte que la estrategia planificada por la asesora Pricewaterhousecooper (la misma que está detrás de la privatización del SESCAM) de crear una empresa pública acogida a gestión privada supone un burdo engaño a la ciudadanía. Nos oponemos a que una empresa pública acogida a gestión privada se haga cargo de la gestión integral del agua para que sea ésta la que se endeude mediante créditos bancarios con el aval de las tasas futuras y con este préstamo permita al Ayuntamiento cancelar su endeudamiento mediante un adelanto del canon.
La perversidad de contabilizar como endeudamiento público el realizado directamente por la administración y no hacerlo con el llevado a cabo por empresas públicas acogidas a gestión privada, aun cuando los intereses y los deudores sean los mismos, supone un mero fraude contable cuya única finalidad es facilitar la posterior enajenación completa de la gestión del agua a manos de empresas privadas cuyos beneficios se basarán en un incremento abusivo de las tasas por consumo a los vecinos y un abandono de la inversión en infraestructuras y mantenimiento con el consiguiente deterioro de la calidad del agua.
Por ello la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Cuenca exige al Ayuntamiento de Cuenca y a su alcalde, Juan Ávila, que cumpla con sus compromisos electorales y de marcha atrás en sus intenciones de ceder la gestión integral de agua de Cuenca a una empresa pública acogida a gestión privada, así como el fin de la empresa pública SIM (Servicio de Infraestructuras Municipales) y el retorno de los servicios municipales cedidos a ella a la gestión directa municipal con el control ciudadano e institucional que supone el derecho administrativo.
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