15 de agosto de 2013. Cristóbal Guzmán Sarrión / Colectivo Tarsites. En mayo de 2009, el Gobierno de Castilla-La Mancha, entonces en manos de José María Barreda, perpetró uno de los mayores escándalos de esta joven región. Los diputados del PSOE, entonces con mayoría absoluta, modificaron la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística (LOTAU), la llave legal que abría la puerta al gran pelotazo urbanístico del Aeropuerto de Ciudad Real. Cuatro años después, la sociedad está en liquidación, la CCM vaciada, sin apenas imputados y el Tribunal Supremo acaba de ratificar que el precio pagado a los pequeños propietarios por sus terrenos fue vergonzoso. Vayamos por partes.
¿Con qué objeto se aprobó la LOTAU?
Para beneficiar a un puñado de empresarios, amigos de José Bono y, por herencia, de José María Barreda, para explotar de manera irracional un proyecto inviable y megalómano llamado Aeropuerto de Ciudad Real que ha acabado en la ruina. El Gobierno regional declaró el proyecto de Singular Interés.
¿Con qué objeto se aprobó la LOTAU?
Para beneficiar a un puñado de empresarios, amigos de José Bono y, por herencia, de José María Barreda, para explotar de manera irracional un proyecto inviable y megalómano llamado Aeropuerto de Ciudad Real que ha acabado en la ruina. El Gobierno regional declaró el proyecto de Singular Interés.
¿Cuáles fueron sus consecuencias?
El permiso de partir y vender parcelas a terceras empresas, compradas inicialmente a precios de terreno rústico, con las que obtener pingües beneficios. Fue una lex in privos lata, establecida con carácter excepcional en beneficio de determinados individuos.
¿Por qué se habló de pelotazo?
Los promotores compraron los terrenos a 0,50 euros por metro cuadrado (secano) y a 1,20 el de regadío. Las plusvalías por la reventa iban a ascender, según El Mundo, a 3.000 millones de euros.
¿Hubo oposición al proyecto?
La hubo. Además de los recursos de los movimientos ecologistas, la propia Unión Europea insistió en su queja oficial. De hecho, ordenó su paralización en 2004, y en 2008 hubo de suspenderse el inicio de los vuelos al no contar con licencia. Las presiones empresariales, políticas y de la Cámara de Comercio se impusieron a la lógica de un disparate económico, social y medio ambiental.
¿Quién les financió?
La quiebra de la CCM, en la que tenido mucho que ver el Aeropuerto de Ciudad Real, fue la primera en darse a conocer, y aunque todavía no se ha sustanciado la responsabilidad penal -que no alcanzará a las altas instancias, se intuye-, tuvo mucho que ver este proyecto megalómano. Juan Pedro Hernández Moltó, responsable de la entidad, asumió la práctica totalidad del riesgo crediticio (30% de las acciones, préstamo de otro 15% a accionistas privados y más de 100 millones de euros en decenas de créditos) que aceleraron su caída. Queda por saber si Moltó, acusado de administración desleal, tendrá el valor de confirmar que era un mandado.
¿Qué ha dicho la Justicia?
El TSJCM, en noviembre de 2012, dio la razón a los propietarios expropiados por los empresarios y los políticos a sus órdenes. El Tribunal Supremo, en dos sentencias recientes, ha confirmado la sentencia por la que la empresa deberá multiplicar por 10 lo pagado en terrenos de regadío y por 20 en los de secano. Todo ello hará que a la deuda de 319 millones (la empresa está en proceso de liquidación) haya que añadir otros 200 millones por la estafa cometida en su momento a los pequeños propietarios.
¿Hay algún procesado?
Por el momento, Hernández Moltó. Los empresarios siguen haciendo de las suyas, José Bono -al que le ha ido muy bien en las dos últimas décadas- continúa pontificando, y Barreda goza de un retiro dorado como diputado. Aunque se espera que la Justicia dé un empujón al asunto, es probable que se eche tierra sobre ello.
¿Cuáles son los actores principales en este escándalo?
Se dibuja un escenario habitual en la España del pelotazo, una auténtica trama corrupta de tratos de favor sobre la base de una simbiosis entre políticos sin escrúpulos y una clase empresarial parasitaria (ahora llamada emprendimiento) a la caza de la subvención.
José Bono, Jose María Barreda y Juan Pedro Hernández Moltó conformaron una de las patas de la mesa. El primero vinculó su suerte a la de un puñado de patronos alicortos pero con delirios de grandeza, a los que puso a su disposición la Caja de Castilla-La Mancha bajo la dirección de Hernández Moltó. A cambio de las prebendas se ofreció, lógicamente, un apoyo mediático total, no en vano algunos de los beneficiarios de estos proyectos controlaban la práctica totalidad de los medios regionales. Tras la marcha de Bono, Barreda impulsó el aeropuerto pese a los numerosos inconvenientes y Hernández Moltó no sólo hizo entrar a la Caja de cabeza, sino que puso a disposición de los empresarios créditos sin garantía de devolución.
De la galería de personajes beneficiados, ni uno solo es trigo limpio.
Domingo Díaz de Mera, principal accionista del Aeropuerto, es un experto en desastres financieros como Metrovacesa o Global Cartera de Valores, que acabó en concurso de acreedores, o el Balonmano Ciudad Real, que se acabó cuando se acabaron las subvenciones de la Junta. Tras la quiebra, su deuda con la CCM era de 110 millones de euros. Propietario de El Día de Ciudad Real o la cadena de televisión CRN, ambas cerraron con la llegada al poder del PP, dejando un buen número de parados.
Antonio Miguel Méndez Pozo fue condenado por la Audiencia de Burgos y el Supremo a siete años de prisión y ocho de inhabilitación por los delitos de falsedad en documento público, revelación de secretos, prevaricación y denegación de auxilio a la Justicia. Ingresó en prisión en 1994, lo que no le impidió seguir con sus proyectos de expansión mediática e inmobiliaria. Amigo del alma de José Bono, se hizo con la hegemonía de los medios de comunicación en la región. Propietario del Diario de Burgosy de un holding de comunicación y otras actividades, es el auténtico poder fáctico en aquella ciudad, y desembarcó en Castilla-La Mancha de la mano de Bono, quien le facilitó participar en proyectos ruinosos como el Reino de Don Quijote, la isla urbanística de La Losilla, en Albacete, o el propio Aeropuerto de Ciudad Real. Controla las cabeceras de La Tribuna en Castilla-La Mancha, cuyos ostensibles cambios en la línea editorial oscilan en el sentido de quien detenta el poder. Su deuda con la CCM se cifraba en 115 millones de euros.
Ignacio Barco es el segundo mayor deudor de la Caja (343 millones de euros), uno menos que CCM Corporación. Junto a Díaz de Mera, estaba presente en el Grupo Lábaro, una inmobiliaria que presentó concurso de acreedores en 2008. Además, es el propietario de las bodegas Pago del Vicario, de Ciudad Real. También tenía participación en los negocios de comunicación de la provincia controlados por Díaz de Mera. Junto a los dos emprendedores anteriores, controlaba el 43,78% del accionariado del aeropuerto.
Román Sanahuja es otro de los tiburones que hizo buenos negocios con la Caja quebrada, con la que mantenía una deuda de 121 millones de euros a través de Sacresa. La familia Sanahuja controló Metrovacesa tras apartar al anterior presidente Joaquín Rivero, y en Castilla-La Mancha Moltó le tendió puente de plata financiando casi todas sus operaciones. La inmobiliaria acabó en manos de los bancos. Como botón de muestra del perfil del personaje en cuestión, basta decir que admitió un soborno de cuatro millones a dirigentes de Uniò Mallorquina por un negocio de 600 chalets. La Interpol comunicó a la Justicia balear que la familia Sanahuja tenía más de 37 millones en Liechtenstein, a pesar de que se declararon insolventes.
El empresario conquense Aurelio González Villarejo también forma parte de este singular conglomerado. La propia Caja financió su entrada en el capital de Colonial, ahora propiedad de los bancos por su abultada deuda. Según el Banco de España, los créditos con la CCM ascienden a 220 millones de euros, lo que quiere decir que es uno de los principales responsables de su hundimiento. Está relacionado con la trama valenciana del caso Gürtel por su estrecha relación con Sedesa y Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, implicados en el caso Brugal.
Otros deudores con la CCM son Luis Delso (presidente de Isolux), presente también en el aeropuerto de Ciudad Real, que debe 159 millones; la familia Álvarez (principal accionista de Gedeco Avantis), con un crédito de 128 millones; Carlos Cutillas, principal accionista de Inmobiliaria Chamartín, con 114 millones; Sergio Martínez Herrero, ex consejero delegado de la consultora King Sturge, que tiene un crédito impagado de 113 millones; el promotor Félix Abánades, presidente del Grupo Rayet, que debe 104 millones; la familia Ventero, propietaria de la inmobiliaria Vemusa, que adeuda 101millones; Sebastián Moreno Bautista, promotor albaceteño cercano a Méndez Pozo en proyectos como La Losilla, que debe 96 millones; y Fernando Martín, dueño de Martinsa, que tras la suspensión de pagos de la empresa ha dejado un agujero en la caja de 95 millones.
Esta amplia nómina de deudores con préstamos concedidos por la CCM de manera irresponsable la completa ¡el Gobierno regional! que, con 188 millones, es el quinto máximo deudor pese a que la Ley de Cajas le impone «ejercer las funciones de coordinación, control e inspección de las Cajas de Ahorros».
Juan Antonio León Triviño y José Cano, presidente y secretario del Consejo de Administración, respectivamente, recibieron cada uno 2,2 millones de euros de CR Aeropuertos SL. Dicho pagos fueron aprobados el 19 de junio de 2003 a través de un pacto privado parasocial de los socios del Aeropuerto. León Triviño y Cano usaron esos 4,4 millones de euros para comprar participaciones del Aeropuerto y entrar en él como accionistas a título personal. Esta entrada se llevó a cabo dentro de la quinta ampliación de capital y otorgó a cada uno de estos dos directivos un 5,56% de la sociedad.
¿Qué delitos pueden atribuirse a cuantos han participado en este escándalo?
Según algunos análisis expertos, hay materia suficiente para emprender un proceso por delitos contra el medio ambiente en materia urbanística, cohecho, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
¿Cuál es el estado de la cuestión?
El protocolo de venta que han establecido los administradores concursales a raíz de la apertura de la fase de liquidación del aeropuerto de Ciudad Real establece un precio de venta mínimo de 100 millones de euros para el conjunto de la infraestructura aeroportuaria. Así pues, más de 1.000 millones de euros de gasto para obtener un retorno de, como mucho, 100 millones.
Fuente: Colectivo Tarsites
