27 de junio de 2013. Comunicado. Ecologistas en Acción se suma a las voces críticas con la reforma de la Política Agraria Común (PAC) aprobada esta semana y lamenta la postura del Gobierno español a favor de grandes terratenientes y multinacionales. En el seno del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, así como en el Consejo Europeo han pesado más las propuestas legislativas de empresas agroquímicas, de la agroindustria y la gran distribución. En cambio no han recogido las propuestas de organizaciones de pequeños agricultores, ecologistas y consumidores. La nueva PAC no es ni más verde ni más justa.
La PAC, que se lleva el 40% del total del presupuesto comunitario, apuesta y agrava una política que ha provocado que en los últimos 10 años desapareciera cerca del 30% del empleo agrario europeo. No apoya una agricultura que genere alimentos seguros y de calidad, ni fija población en el medio rural, ni garantiza rentas dignas para agricultores, ni precios justos para consumidores. Además, agrava la crisis ambiental que provoca la agricultura industrial.
No es más verde
Ecologistas en Acción cuestiona que la nueva PAC sea “más sostenible”, como argumentan el ministro Cañete y las instituciones europeas. No se advierte voluntad política para poner remedio a los graves problemas de erosión, sobreexplotación y contaminación del agua y pérdida de biodiversidad que ponen en peligro la capacidad de producir alimentos.
El 30% de “verdeo” (greening) queda profundamente descafeinado. La partida destinada a objetivos ambientales deja fuera cuestiones como la introducción de leguminosa autóctona en las rotaciones, así como los pagos directos a amplias superficies de los agrosistemas mediterráneos que no entran en las estrechas definiciones de “pastos permanentes”, así como las medidas de apoyo a la ganadería extensiva. Tampoco apoya a los sistemas agrarios de Alto Valor Natural, que podrían haber tenido un importante papel en el apoyo de la ganadería extensiva y la agricultura ecológica. La reforma no condiciona los pagos directos al cumplimiento de políticas básicas de la UE, como la Directiva Marco de Agua o normativas relativas al uso de plaguicidas.
No es más justa
A su vez, los acuerdos tomados dejan fuera un gran número de cuestiones de gran impacto social en el sistema agroalimentario.
El Pilar 1 (80% del presupuesto total en 2012, destinado a pagos directos) apoya una mayor intensificación de la agricultura, lo cual genera una mayor dependencia y endeudamiento de las explotaciones, la reducción y la precarización del empleo agrario, y mayores daños ambientales. Pero además la PAC prevé que un amplio margen del Pilar 2 (desarrollo rural) podría ser transferible al Pilar 1 si el Estado miembro lo justifica. Todo esto prepara nuevas oleadas de éxodo rural.
Con la nueva PAC, que previsiblemente permanecerá en vigor siete años, se pierde la oportunidad de defender a los pequeños agricultores como principales destinatarios de las ayudas, olvidando que son éstos los que realmente generan empleo y mantienen el medio rural vivo.
La PAC mantiene los pagos por hectárea, que apoyan a quien posee la tierra y no a quien la trabaja. No hay tope para las subvenciones, lo que potencia la transferencia de fondos a las explotaciones más insostenibles y los grandes propietarios de la tierra en Europa. La cuantía del pago para las pequeñas explotaciones, así como el programa de apoyo para pequeños agricultores -con un fuerte potencial para generar empleo en el medio rural-quedan como propuestas opcionales.
El esquema de apoyo para los jóvenes agricultores -al menos un 2 % del total de ayudas directas- es muy tímido considerando que en momentos de elevado paro juvenil debería constituirse como prioridad máxima el apoyo económico para que las personas jóvenes que viven en pueblos y ciudades, y a las que desean emprender el camino hacia el medio rural.
Además, la eliminación de medidas de control de los mercados y la propuesta de financiación de seguros privados favorecerá la volatilidad de los precios y la especulación financiera con alimentos. Su apuesta por las relaciones contractuales entre producción primaria e industria de transformación sienta bases sólidas para una mayor financiarización de los alimentos lo que aumentarán el endeudamiento del sector agrario beneficiando a los bancos y empresas de seguros, y empobreciendo al pequeño agricultor.
En definitiva, la UE y el Gobierno español siguen apostando por una agricultura industrial y globalizada, que arrasa con el territorio rural europeo y el de otros continentes, impulsando la concentración de las producciones y la subordinación de la producción primaria a la agroindustria y la distribución comercial. Esto es injusto para los pequeños agricultores y para los consumidores europeos, pero sobre todo para los países del Sur, que se continuarán viendo inundados por productos agrarios a precios por debajo del coste de producción real.
Sin embargo, la batalla no ha terminado. A partir de ahora se abre un nuevo periodo de negociación del Gobierno español con las Comunidades Autónomas, que podrían profundizar –todavía más- la grave crisis que afecta al mundo rural. Desde Ecologistas en Acción se subraya la necesidad de incidir en la redacción del reglamento estatal y defender la soberanía alimentaria y la agroecología como únicas salida de la crisis.
La PAC, que se lleva el 40% del total del presupuesto comunitario, apuesta y agrava una política que ha provocado que en los últimos 10 años desapareciera cerca del 30% del empleo agrario europeo. No apoya una agricultura que genere alimentos seguros y de calidad, ni fija población en el medio rural, ni garantiza rentas dignas para agricultores, ni precios justos para consumidores. Además, agrava la crisis ambiental que provoca la agricultura industrial.
No es más verde
Ecologistas en Acción cuestiona que la nueva PAC sea “más sostenible”, como argumentan el ministro Cañete y las instituciones europeas. No se advierte voluntad política para poner remedio a los graves problemas de erosión, sobreexplotación y contaminación del agua y pérdida de biodiversidad que ponen en peligro la capacidad de producir alimentos.
El 30% de “verdeo” (greening) queda profundamente descafeinado. La partida destinada a objetivos ambientales deja fuera cuestiones como la introducción de leguminosa autóctona en las rotaciones, así como los pagos directos a amplias superficies de los agrosistemas mediterráneos que no entran en las estrechas definiciones de “pastos permanentes”, así como las medidas de apoyo a la ganadería extensiva. Tampoco apoya a los sistemas agrarios de Alto Valor Natural, que podrían haber tenido un importante papel en el apoyo de la ganadería extensiva y la agricultura ecológica. La reforma no condiciona los pagos directos al cumplimiento de políticas básicas de la UE, como la Directiva Marco de Agua o normativas relativas al uso de plaguicidas.
No es más justa
A su vez, los acuerdos tomados dejan fuera un gran número de cuestiones de gran impacto social en el sistema agroalimentario.
El Pilar 1 (80% del presupuesto total en 2012, destinado a pagos directos) apoya una mayor intensificación de la agricultura, lo cual genera una mayor dependencia y endeudamiento de las explotaciones, la reducción y la precarización del empleo agrario, y mayores daños ambientales. Pero además la PAC prevé que un amplio margen del Pilar 2 (desarrollo rural) podría ser transferible al Pilar 1 si el Estado miembro lo justifica. Todo esto prepara nuevas oleadas de éxodo rural.
Con la nueva PAC, que previsiblemente permanecerá en vigor siete años, se pierde la oportunidad de defender a los pequeños agricultores como principales destinatarios de las ayudas, olvidando que son éstos los que realmente generan empleo y mantienen el medio rural vivo.
La PAC mantiene los pagos por hectárea, que apoyan a quien posee la tierra y no a quien la trabaja. No hay tope para las subvenciones, lo que potencia la transferencia de fondos a las explotaciones más insostenibles y los grandes propietarios de la tierra en Europa. La cuantía del pago para las pequeñas explotaciones, así como el programa de apoyo para pequeños agricultores -con un fuerte potencial para generar empleo en el medio rural-quedan como propuestas opcionales.
El esquema de apoyo para los jóvenes agricultores -al menos un 2 % del total de ayudas directas- es muy tímido considerando que en momentos de elevado paro juvenil debería constituirse como prioridad máxima el apoyo económico para que las personas jóvenes que viven en pueblos y ciudades, y a las que desean emprender el camino hacia el medio rural.
Además, la eliminación de medidas de control de los mercados y la propuesta de financiación de seguros privados favorecerá la volatilidad de los precios y la especulación financiera con alimentos. Su apuesta por las relaciones contractuales entre producción primaria e industria de transformación sienta bases sólidas para una mayor financiarización de los alimentos lo que aumentarán el endeudamiento del sector agrario beneficiando a los bancos y empresas de seguros, y empobreciendo al pequeño agricultor.
En definitiva, la UE y el Gobierno español siguen apostando por una agricultura industrial y globalizada, que arrasa con el territorio rural europeo y el de otros continentes, impulsando la concentración de las producciones y la subordinación de la producción primaria a la agroindustria y la distribución comercial. Esto es injusto para los pequeños agricultores y para los consumidores europeos, pero sobre todo para los países del Sur, que se continuarán viendo inundados por productos agrarios a precios por debajo del coste de producción real.
Sin embargo, la batalla no ha terminado. A partir de ahora se abre un nuevo periodo de negociación del Gobierno español con las Comunidades Autónomas, que podrían profundizar –todavía más- la grave crisis que afecta al mundo rural. Desde Ecologistas en Acción se subraya la necesidad de incidir en la redacción del reglamento estatal y defender la soberanía alimentaria y la agroecología como únicas salida de la crisis.
Fotografía: Rojo y Negro
