31 de agosto. Nota de prensa de PSPC. La Plataforma por la Sanidad Pública de Cuenca informa de que a partir del próximo 1 de Setiembre entra en vigor parte del RD Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que entre otros aspectos modifica la actual asistencia y cobertura sanitaria excluyendo a parte de la población, entre otros la población inmigrante en situación irregular, alrededor de 153.000 personas.
A partir de ahora se produce un cambio radical en la consideración de quién tiene derecho a la atención sanitaria pública (prestaciones básicas): hasta este momento el requisito era ser ciudadano del estado español para lo cual se exigía la residencia o empadronaminto; a partir de ahora, el requisito será “estar asegurado”, es decir, cotizar a la Seguridad Social, como hace 30 años cuando teníamos que ir al médico con la cartilla de beneficiario o cotizante de la Seguridad Social. Aquellas personas que no tengan la condición de asegurado o beneficiario tendrán que pagarse un seguro privado o la cuota que ha establecido el Ministerio de Sanidad para sufragar los costes de la atención sanitaria básica en el sistema público considerada no urgente (710.40 euros al año). Se mantiene la asistencia sanitaria a embarazadas y menores de edad, los demás sólo podrán acudir a urgencias.
Establecer la condición de asegurado para acceder a la atención sanitaria no es una medida inocente; en cualquier momento se podrá decidir que el aseguramiento puede ser privado pagado con fondos públicos y complementado previo pago del usuario con aquellas prestaciones que a partir de ahora no se consideren básicas; así las clases medias con mas recursos tendrían acceso a una sanidad de más “calidad” y provisión privada y la Sanidad Pública quedaría reducida a una sanidad para pobres como la antigua beneficencia.
Esta medida supone un cambio de modelo en la atención sanitaria gratuita y universal que vulnera, entre otros, derechos recogidos en la Constitución, la Ley General de Sanidad y la Ley General de Salud Pública que garantizan el derecho a la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos que residen en España. Además, en contradicción con la Declaración de Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos y Sociales, se deja fuera a la población no regularizada con los efectos humanitarios, de salud pública ( al estar fuera del sistema no se controlan infecciones como la tuberculosis) y de utilización inadecuada de recursos (saturación de urgencias).
La excusa lógicamente es el ahorro en tiempo de recortes, pero ni eso. El Ministerio prevé ahorrar 500 millones de euros, pero teniendo en cuenta que el coste sanitario es de alrededor de 1600 euros/habitante, multiplicado por el nº de inmigrantes en situación irregular, no alcanza ni la mitad de lo previsto (245 millones)
Hay que recordar que el Sistema Nacional de Salud no se financia desde 1999 con las cuotas de la Seguridad Social sino mediante impuestos, directos o indirectos, de todos los ciudadanos que residen en España, también con los de los inmigrantes irregulares que lógicamente no pagan el IRPF pero sí el IVA, la gasolina, el tabaco o consumen productos aunque estén en la economía sumergida, lógicamente en contra de su voluntad.
La situación más grave la viven los pacientes crónicos (SIDA, cáncer, enfermos renales que precisan diálisis). Ni en hospitales ni Centros de Salud se han recibido instrucciones sobre como atender a estos pacientes cuando se les retire la tarjeta sanitaria.
Ante esta situación algunas Comunidades Autónomas de diferente color político, País Vasco, Asturias, Andalucía, Cataluña y Canarias han asegurado que continuarán atendiendo a estos pacientes aplicando distintos mecanismos para ello: por ejemplo, en Cataluña mediante la emisión de una tarjeta sanitaria específica para esta población y en Navarra pagando la propia administración autonómica los costes derivados de la atención sanitaria a los inmigrantes.
Junto a ello se ha generado un movimiento de solidaridad entre los trabajadores sanitarios, mayoritariamente los médicos (alrededor de 1500) que se han declarado Objetores, y seguirán atendiendo a la población inmigrante, pero que tendrán que salvar los escollos legales que esta situación les deparará como amenazas de que legalmente no pueden atenderles en horario laboral o dificultad para acceder al especialista, a pruebas diagnosticas y tratamientos.
Desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cuenca exigimos a las autoridades sanitarias que se continúe atendiendo a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones.
Apoyamos a lo trabajadores de la sanidad de nuestra provincia que decidan seguir atendiendo a la población inmigrante en situación irregular y nos ofrecemos, si lo precisan, para que en el ámbito de la Plataforma se pueda coordinar su trabajo.
